El problema de la mora judicial en Panamá se hace latente cuando el 70 % de las personas detenidas en las cárceles panameñas no han sido procesadas y están a la espera de una definición de sus casos, situación que crea problemas de hacinamiento, afirmó el Presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Manuel Cupas.
Cupas expresó, que después de realizar una gira por varios centros penitenciarios como La Joya, La Joyita, Renacer, el Centro de Rehabilitación Femenino y otros del interior del país, se han podido sacar varias conclusiones que muestran claramente que no existen las condiciones para contribuir a la resocialización de las personas detenidas y más bien representan un peligro para su integridad física y espiritual.
Entre otros elementos, señaló que la falta de programas de resocialización es un factor que contribuye a aumentar los niveles de delincuencia y hasta el momento la Dirección de Corrección no ha desarrollado un programa eficiente de rehabilitación, además de que el personal, así como los custodios no son personas capacitadas o especializadas en materia penitenciaria.
Agregó que otros de los puntos importantes que inciden negativamente en la efectividad del sistema penitenciario, es la falta de una clasificación adecuada de los internos en función de los delitos cometidos, como tampoco se separa a los infractores primarios de los reincidentes, ni los adultos de los menores de edad.
Cupas expresó que de acuerdo a cifras oficiales, de 1992 a 1998, la población penitenciaria aumentó en 81 % y una de las razones fundamentales para ese crecimiento es la aplicación del artículo 2148 del Código Judicial, que se refiere a la detención preventiva.
Dijo que esta es la medida cautelar personal más generalizada, que no tiene límite de duración generando un aumento de la población penal, lo que a su vez provoca hacinamiento y promiscuidad entre sindicados y condenados, de allí que se podría considerar en los círculos legislativos que se analice un proyecto de ley dirigido a introducir reformas en cuanto a la detención preventiva.
Cupas expresó la necesidad de que el Ministerio de Gobierno y Justicia cuente con los recursos económicos para hacerle frente al reto de mejorar la situación carcelaria del país.
