La posibilidad de que los afiliados al Sistema de Ahorros y Capitalización de Pensiones (SIACAP) puedan tener acceso a los fondos depositados, se ha complicado nuevamente, ante la advertencia de las empresas administradoras de presentar una demanda contra el Estado panameño por incumplimiento de las normas establecidas en un contrato firmado después de una licitación pública internacional.
En momentos en que los funcionarios esperaban que el proyecto fuera aprobado hoy en tercer debate, el coordinador de la bancada arnulfista, José Blandón Figueroa, informó que ante la posibilidad de una demanda de este tipo, las diferentes bancadas legislativas se reunirán hoy con representantes del Ejecutivo, a fin de evaluar si el proyecto aprobado en segundo debate vulnera los derechos de las administradoras de este fondo, que supera los B/.455 millones en aportes y más de 230 mil afiliados.
Blandón dijo que en el caso que se demuestre que este proyecto de ley represente algún riesgo para el Estado panameño, lo más probable es que se solicite que el mismo sea devuelto a segundo debate para hacerle los correctivos del caso.
La posibilidad de la demanda, según Blandón, surge después que el jueves pasado, la Caja de Seguro Social (CSS) les informara que el Certificado de Participación Negociable (CERPAN), no se haría efectivo a medida que el beneficiario cumpliera su edad de jubilación, sino cuando se pagara el bono global emitido por el Estado, lo cual comienza en el año 2003 y concluye en el 2014.
El legislador explicó que a juicio de las administradoras de este fondo, esto representa una alteración sustancial de las condiciones con las que ellas fueron contratadas y por lo tanto puede ser motivo de una demanda.
No obstante, el legislador dijo que según lo aprobado en segundo debate, el SIACAP se va a mantener pero con un volumen menor a lo que estaba programado, ya que se mantendría un 20% del fondo actual, aunque opinó que quizá esto haga que a la larga no sea viable financieramente y deje de ser un negocio para las administradoras, porque lo que se pensaba hacer con B/.455 millones, ahora tendría que ser con B/.93 millones.
Todo esto será analizado por los técnicos en la materia y posteriormente evaluado por los legisladores, a fin de tomar una decisión final.
Manifestó que hay que tener presente que una demanda en este caso sería en contra del Estado y no contra el Gobierno de Mireya Moscoso, lo que podría afectar a futuras administraciones
A juicio de Blandón, desde un principio hubo falta de madurez, poca voluntad política y falta de decisión de parte de los políticos, tanto de gobierno como de oposición, para decir a quiénes solicitaban este dinero que eso no era posible; en este momento, se ha llegado a un punto en el cual pareciera que el futuro "es perder o perder", porque no se le puso un alto.
