Un proyecto de ley mediante el cual se establecen penas hasta de siete años de prisión para quienes permitan o faciliten la entrada a territorio nacional de terroristas, guerrilleros o paramilitares, presentó ante el pleno legislativo, el legislador oficialista, Wigberto Quintero.
Según la propuesta del legislador del MOLIRENA, los funcionarios o autoridades que cooperen con este tipo de actividad, pudiendo evitarlas o reprimirlas, serán castigados con pena de prisión de cuatro a siete años, e inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de siete a ocho años.
Establece que en el caso de que se compruebe que el funcionario recibió dinero a cambio de permitir el acceso a los insurgentes, la prohibición de ocupar algún cargo público será de manera definitiva.
Por medio de este proyecto, se proponen diversas modificaciones al Capítulo III del Título VII del Libro II, artículo 242 del Código Penal.
Igualmente se dispone que quienes pertenezcan a bandas armadas u organizaciones criminales, serán castigados con pena de tres a ocho años de prisión, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera la muerte, lesión o se afectase la salud de las personas.
Por otro lado, hay intención de establecer en esta norma que los promotores y directores de las bandas armadas y organizaciones criminales sean castigados con penas de prisión de seis a diez años e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por doce años.
El mismo proyecto dispone que la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con pena de uno a tres años de prisión.
