Luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara el caso de los radares, pagados por el gobierno de turno, sectores de la sociedad han instado a la población a remover de sus puestos a los ejecutores de la justicia, lo cual sería perjudicial para la democracia panameña.
Así coinciden analistas y conocedores del derecho, que hacen un llamado a la cordura a aquellos con intereses jurídicos y personales.
Sin embargo, los mensajes directos del presidente de la República, Juan Carlos Varela, a los magistrados de la Corte continuaron ayer, a pesar de que dijo que no iba a hablar más del tema, sino a esperar "acciones por parte del Judicial".
En una graduación de miembros del Sistema de Protección Institucional (SPI), Varela manifestó: "Llevo dos días seguidos declarando de temas judiciales... lo que voy a esperar es que después de los dos días declarando, ver reacciones y cambios de actitudes".
El mandatario se refirió a una declaración en la que aseguró haber sostenido una conversación con el presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado, en la que le advertía de irregularidades cometidas por colegas suyos.
"Prefiero ser paciente porque espero que todas estas situaciones que atraviesa el país no afecten la economía, y el pueblo es inocente de lo que aquí pasó", afirmó el mandatario.
Además, el jefe del Ejecutivo sostuvo que "la justicia es justicia cuando protege al más inocente, y aquí es el pueblo, que no tuvo nada que ver con la desviación de miles de millones de dólares que les pertenecen a ellos (...)".
El presidente desligó al Consejo de Seguridad de la forma en que obtuvo la información de los casos que son manejados por los magistrados y de los que aún no se han revelado los veredictos, pero de los cuales tiene conocimiento.
"Se me compartió la información de fallos que no son correctos, y no específicamente en estas semanas, sino cosas que habían pasado ya de situaciones que se dan", detalló.
El presidente comparó que si le hablan de algún ministro, le toca llamarlo y decir si la información es válida.
También la vicepresidenta, Isabel De Saint Malo, dijo arrepentirse de la intervención de la sociedad civil en la escogencia de los magistrados nombrados por el Ejecutivo en 2016: Ángela Russo y Cecilio Cedalise.
La también canciller de la República posteó en su cuenta de Twitter que "esos magistrados pasaron escrutinio ciudadano", y "hoy me arrepiento" de haber recomendado al presidente Varela su postulación y que atendiera la recomendación.
Sin embargo, figuras como el analista político José Isabel Blandón reclamaron que una cosa es la que piensa la oligarquía del país y otra la de la ciudadanía, que tiene intereses diferentes.
Blandón señaló que el fallo de la Corte Suprema sobre el caso de los radares estuvo listo desde abril de este año y lo sabían hasta el presidente y la propia procuradora Kenia Porcell, pero estaban "pulsando" para que no saliera, a pesar de que fue respaldado por 8 magistrados y han montado una campaña dura, cuyas consecuencias son una "llamarada".
"La intromisión del presidente Varela ha llamado a la motivación de sectores para pedir la destitución de magistrados", indicó.
El presidente tendrá que nombrar a los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, cuyos periodos vencen el último día del año, y desde ya se escucha el nombre de la procuradora Kenia Porcell como una de las que designaría Varela.
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magistrados avalaron la nulidad del caso sobre la compra de radares, cuyo fallo es rechazado por varios sectores.
3
órganos del Estado conforman la democracia de Panamá, que deben trabajar separadamente.
