El director de Asesoría Legal de la Caja de Seguro Social (CSS), Jaime Franco, rechazó ayer la postura de la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) de que es el Estado el que tiene que pagar a la CSS una indemnización de 7.7 millones de dólares, en lugar de ellos como contratistas.
La semana pasada el Juzgado Décimo Segundo del Circuito de lo Civil condenó a ICA a cancelar 7.7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios que causó por la construcción del Corredor Sur, tras utilizar terrenos de la CSS sin la debida autorización, decisión que será apelada por la compañía.
Según ICA, la empresa se apegó estrictamente al contrato de concesión otorgado por el Gobierno, que implica la compensación de todos los gastos que realicen a nombre del Estado panameño.
De acuerdo con Franco, en la sentencia se menciona claramente como única responsable de los daños y perjuicios a ICA y no al Estado, independientemente que la empresa quiera ejercer alguna acción en contra del Estado. "La decisión del juez ha sido directa en contra de la empresa", destacó.
Sostuvo que si bien la transnacional construyó a nombre del Estado, fue ICA la que edificó en terrenos de la CSS sin autorización y sin una negociación previa, tal cual lo hizo con los propietarios titulares de las demás tierras.
Explicó que la empresa quizá creyó que los terrenos de la CSS eran iguales a los del Estado y consideró no solicitar autorización, pero se equivocaron, pues la ley da a la CSS patrimonio propio.
Aunque la empresa asegura que el contrato obliga al Estado a pagar esa indemnización al haberse rebasado el límite de indemnizaciones, Franco enfatizó que al momento de la construcción de la obra ICA tenía 17 millones de dólares para indemnizaciones que fueron negociadas con los propietarios de las tierras, pero se excluyó a la CSS.
