La concesión otorgada por el Estado a la empresa Lucky Games S.A., durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares sigue generando controversia entre el ex presidente y la firma de abogados Morgan & Morgan, que reitera que no representó a la empresa en gestiones para lograr concesiones con el Estado.
Catia Rojas, vocera del ex gobernante, afirmó que éste "no miente" al presentar documentación en la que muestra que Morgan & Morgan sí participó en el proceso mediante el cual se tramitó el contrato para que Lucky Games S.A., operara máquinas tragamonedas.
Para sustentar la afirmación, Rojas presentó una nota de la Junta de Control de Juegos (JCJ) del 17 de agosto de 1998, dirigida a Mario De Diego, entonces apoderado especial de Lucky Games, con el sello de recibido por parte de la firma Morgan & Morgan el 21 de agosto de 1998.
En tanto, la referida firma de abogados reiteró que no solicitó los "permisos" de Lucky Games, S.A., pues ese trámite fue realizado por Raúl Rodríguez en 1996.
Morgan & Morgan asegura que no representó a Lucky Games y resalta que los permisos fueron otorgados en 1996; mientras que las notas presentadas por Rojas, y que fueron recibidas en la firma, son de 1998, dos años después de tramitada la concesión.
Estas gestiones fueron necesarias para que los "permisos" previamente otorgados a Lucky Games fueran reconocidos como "licencias" de conformidad con la ley que privatizó la actividad de juegos de azar.
