Sigue polémica por informe del PNUD

El tema de la institucionalidad es uno de los aspectos que el Gobierno no acepta del tercer informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidades.
De hacerlo, estaría reconociendo que los programas dirigidos a combatir la pobreza y la desigualdad, no han tenido un impacto eficaz en la población y que "no se ha podido acortar la importante brecha de incertidumbre y desconfianza que existe en la sociedad de cara al futuro".
Aunque el informe parte del entendimiento de que estos problemas no son exclusivos del gobierno actual, pues los retrocesos en el proceso de cambios institucionales vienen desde la reinstauración de la democracia y se han acelerado tras el traspaso del Canal, las autoridades aseguran que las instituciones fueron tratadas injustamente.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, aseguró que el documento tiene un problema de "enfoque", toda vez que Panamá ha logrado un gran cambio en los últimos años a pesar de que persisten los problemas de pobreza y pobreza extrema. Según dijo, "esos avances no se reflejan en el documento".
"Lo importante de todo esto es ser objetivo y estar claro que el informe se quedó corto en algunas apreciaciones, y tiene algunas cosas que nosotros (Gobierno) creemos que no necesariamente es la forma correcta de ver las cosas", precisó Alexander.
El polémico informe revela que aún cuando hay esfuerzos, políticas y programas, la deuda pública sigue siendo alta; el desempleo sigue estando presente; la pobreza y la desigualdad del ingreso y del consumo no han retrocedido y que la desnutrición infantil, no solo no se ha reducido, sino que tiende a incrementarse.
Pero el asunto no termina allí. El documento afirma que la corrupción aún tiene reconocida presencia en la sociedad; persiste la impunidad y la falta de credibilidad del sistema de justicia, así como la desconfianza en la clase política y que han aumentado la inseguridad ciudadana, la violencia intrafamiliar y el tráfico y consumo de drogas.
El documento precisa que el "juega vivo" persiste como una institución social, práctica que alcanza todos los niveles y ámbitos de funcionamiento de la sociedad (comercio, justicia, política, gobierno).
Además, el informe considera como nudo crítico la deslegitimación de las instituciones a raíz de que dejan de lado los intereses colectivos y vulneran con ello, los acuerdos de país.
Asimismo, identifica como problemas la arbitrariedad de la justicia en la entrega de fallos y decisiones que favorecen la inequidad social y económica y la impunidad.
Por estos dilemas, el tercer informe sobre Desarrollo Humano concluye que hay que movilizar a la institucionalidad en su conjunto, impulsando un cambio deliberado en las instituciones formales y, además, un cambio en las prácticas, conductas y cultura de la gente.
En la preparación del informe trabajaron el ex ministro de Educación, Juan Bosco Bernal; el sociólogo Raúl Leis; Fernando Calderón, consultor boliviano; Harry Brown, el ex magistrado del Tribunal Electoral, Dennis Allen y Nicolás Ardito Barletta, entre otros.
Ante la negativa del Gobierno de aceptar el III Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el empresario Enrique De Obarrio se pregunta: ¿Por qué ahora la salsa que es buena para el ganso no es buena para la gansa?
Este cuestionamiento se fundamenta en que el PNUD, que preparó el polémico e importantísimo informe sobre institucionalidad, es el mismo organismo que fue buscado por el Gobierno como facilitador del Plan de Concertación el año pasado.
Según De Obarrio, el informe sirve para tener claro cuáles son los obstáculos que hay que remover, y qué cosas se deben hacer para alcanzar el país que anhelan todos los panameños, pero con compromisos firmes que trasciendan cualquier administración.
"Hay que atender prontamente las debilidades que muestra el informe ", dijo.