E l conflicto entre los pobladores de la comarca Ngöbe Buglé por la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en este sector subió de tono, cuando ayer un grupo de indígenas amenazó con desplazar a la fuerza al cacique general de la comarca, Máximo Saldaña, por aprobar estos proyectos.
Esta amenaza motivó que el viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía, se trasladara al lugar para apaciguar los ánimos entre los indígenas, que por esta situación han protagonizado serios enfrentamientos con las unidades antidisturbios.
El cacique general, electo por el voto popular del pueblo Ngöbe Buglé en el 2003, advirtió que no renunciará a su cargo y calificó de "infundados" los señalamientos hechos en su contra por los activistas indígenas.
Según Saldaña, no existen causales para su destitución y mucho menos existe un convenio suscrito para respaldar la explotación minera en la región.
Sin embargo, sus adversarios sacaron a la luz pública una supuesta resolución firmada por varias organizaciones indígenas en la comarca, en donde se decidió ratificar una resolución emitida por el X Congreso General de 2006, que menciona la destitución del cacique general.
Saldaña, por su lado, acusó a sus adversarios de intentar asumir decisiones políticas para lograr su separación, usando la difamación ante la ciudadanía.
"Estas organizaciones rinden cuentas a los intereses económicos de ambientalistas foráneos, gobiernos extranjeros y poderosos consorcios transnacionales", acotó el cacique, al tiempo que lamentó la posición radical de sus coterráneos.
Los indígenas también han denunciado que unidades de la Policía de servicio en el área los han maltratado e impiden su libre circulación al seguir instrucciones de las empresas constructoras de los proyectos.
Durante una jornada de protesta realizada durante dos semanas en las inmediaciones de la Presidencia de la República los indígenas solicitaron la suspensión de los proyectos y solicitaron la designación de una comisión para que verifique las actividades de las empresas.
A raíz de las denuncias el Defensor del Pueblo Ricardo Vargas inició un recorrido por las comunidades de Valle Rico, Charco La Pava y Guayabal en donde se ha denunciado acciones policiales que atentan contra los derechos humanos de los indígenas.
Se informó que Vargas deberá rendir un informe y establecer si abre una investigación por las acciones emprendidas contra los indígenas.
También analizará si las empresas constructoras de los proyectos cumplen con los programas de mitigación de las efectos que tendrán en el medio ambiente y el proceso de reubicación de unas mil personas que viven el área.
