Este solucionará muchos de los problemas que tienen los discapacitados para subir y bajar del edificio en donde realizan las terapias y ejercicios físicos. El elevador que tiene un costo de B/.7, 500.00.
Conforme a Meléndez es necesaria la "desmilitarización" de la vigilancia de los centros penitenciarios, que debe estar a cargo de un cuerpo "civil especializado", y no de la policía o el ejército.
Sin embargo, informó que existen prisiones con tendencias positivas de las cuales deben copiarse las demás, para ir eliminado poco a poco estos problemas.
Pero Panamá no escapa de esta realidad, ya que según el defensor del Pueblo Juan Antonio Tejada los resultados arrojados en una encuesta realizada por la Defensoría en los centros penitenciarios del país, fueron poco agradables.
Tejada expresó que en dicho sondeo el 37% de los reos contestó que había sido detenido en más de una ocasión, por lo que los niveles de reincidencia son muy altos. "Los programas de rehabilitación en nuestros centros son muy escasos", agregó.
El defensor informó que el 67% de los entrevistados expresó que las visitas judiciales no le brindan satisfacción en cuanto a su proceso y las posibilidades de que el mismo avance. También el 55% manifestó padecer de algunas enfermedad.
Igualmente un 63% de los detenidos dice que tiene dificultades con los precios que les ofrece el kiosco dentro del centro penitenciario, ya que son muy elevados. Así como que el 54% de la población penitenciaria duerme en el suelo y hamaca.
Cabe destacar que en 1991 la población penitenciaria era de 3, 521 reos, mientras que en el 2005 fue de 11, 636. No obstante el presupuesto asignado a las cárceles, en este lapso de tiempo no ha variado mucho.
Los procuradores de Derechos Humanos y defensores del Pueblo de Centroamérica iniciaron el martes en Panamá un seminario sobre la prevención de la tortura y los malos tratos en las cárceles de la región.
Se ha pedido que los países latinoamericanos, y en particular a los centroamericanos, ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado en 2002 por las Naciones Unidas.
