El canciller indicó que Panamá tiene recursos "muy limitados" los cuales han sido empleados para encontrar pruebas de contaminación en la isla San José. Informó que coordinará acciones sobre estas nuevas pruebas con Juan Méndez, encargado del tema de la limpieza de los sitios contaminados por el Ejército Sur.
Adicional, consideró que Panamá tiene que mejorar su imagen pues la percepción del inversionista es que el país está falto de coherencia e ejecución de políticas públicas, de seguridad jurídica, y tiene obstáculos legales y burocráticos que impiden establecer negocios con rapidez.
Según Turolla, la experiencia indica que el círculo vicioso de la baja productividad y pobreza debe romperse. El cambio deliberado debe iniciar en los sectores productivos que poseen ventajas competitivas en el mercado internacional.
Entre esos sectores estratégicos, identificados en Panamá con potencial candidatos al programa de competitividad (Compite Panamá), destacan, entre los tradicionales, la agroindustria y servicios logísticos, y entre los incipientes, el turismo y los servicios tecnológicos.
"Estos sectores pudieran servir a corto y mediano plazo como vehículo para que se desplace este exceso de baja productividad hacia otra actividad". Uno de los sectores fácilmente aceptado para cumplir esta función es el sector turismo.
La economista evaluó como positivo la incursión de Panamá a los TLC´s, ya que este paso es fundamental para que fluya rápidamente la inversión extranjera, que aporte nueva tecnología y contactos comerciales.
Señaló que los países exitosos han podido determinar con sus decisiones que una masa laboral que está inserta en un contexto de baja productividad se desplace hacia otra más alta o rama de producción de mayor valor agregado que contribuye a que esa masa pueda lograr salarios más elevados y, por ende, mejores niveles de vida.
Obviamente, para que se dé ese cambio de decisión, se requiere una mezcla de tecnología e inversión para que los factores tradicionales, la tierra y el trabajo, puedan estar en un contexto mucho más productivo pero no es posible lograrlo 100% sino se vincula a una transferencia tecnológica producto de la inversión extranjera que fortalezca la inversión nacional.
Finalmente, subrayó que si se logran acuerdos básicos entre los principales fuerzas políticas y sociales en los países y en la región las acciones serán viables para el país y sus asociados.
Quienes todavía hoy no recurren a un lenguaje sofisticado o no para justificar las reformas del 78 y las del 83, llegando algunos a decir que estas reformas nos dotaron de una nueva constitución habría que recordarles esa enseñanza biblica que dice " no hay peor ciego que el que no quiere ver".
¿Qué hacemos desde el punto de vista de una óptica social y política con éstos que no quieren ver y con aquéllos que pretenden presentarse como tuertos en el país de los ciegos? Creo que hay que buscar el mecanismo más democrático de participación ciudadana que estremezca las raíces de la sociedad panameña para que encontremos un mínimo denominador común que nos lleve a colocar no a un partido, no a un individuo, no a un grupo de individuos, no a la sociedad panameña, en el sitial que le corresponde en el concierto mundial del cual formamos parte y ante el cual y por el cual tenemos responsabilidades que llevar de manera profesional, eficaz, eficiente, responsable, que no estamos haciendo. Ante ese hecho me parece que la hora de la reforma pasó.
Estamos ante la hora del cambio de la transformación real. Quienes se niegan a buscar el cambio pacífico, no violento, que se puede dar con una constituyente, lo único que están haciendo es un llamado desesperado a un enfrentamiento que considero totalmente innecesario, que no es para nada político, que no es cónsono con las necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías.
Entrando propiamente a la materia de los cambios constitucionales. En materia de libertad de prensa ¿qué debe modificarse de la actual constitución?
Todo. Considero que si debe haber un norte dentro de la elaboración de cualquier normativa, sea ésta a nivel de ley o a nivel de decreto, resoluciones o estatutos, sobre todo si es a nivel constitucional, el norte que nos debe guiar es el de que prevalezcan los principios fundamentales de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Esto es lo que debe alumbrar a toda persona que desde una posición de gobierno no de gobierno, desde una posición de autoridad o de ciudadano, participe como observador o como actor del devenir nacional.
El mundo vive una era de la información; luego hay que abrir todos los canales, avenidas y autopistas de la información de la mano de la libertad de expresión. De manera que la libertad de prensa encuentre en todos los recodos y en todos los rincones de nuestra sociedad un ambiente propicio para que pueda inspirar.
Esto significa fundamentalmente para las autoridades una transparencia permanente en su actuar , una rendición de cuentas sin ningún tipo de subterfugios, y también el cese de todo secretismo de lo que se haga, se piensa hacer o se deje de hacer con los dineros del erario.
¿Sería aconsejable, en ese sentido, que la ley de transparencia y el Habeas Data se constitucionalizaran en la nueva carta magna?
Por supuesto, sobre todo, después de las lamentables, bochornosas, atorrantes, aberrantes, caprichosas, viciosas y viciadas decisiones que ha tomado la Corte Suprema en las últimas semanas. Como ciudadanos y como constitucionalista, académico y abogado, no puede dejar de expresar públicamente mi pesar de este tipo de fallos que ha emitido la Corte Suprema. Esto nos pone ante la evidencia de que es urgente y necesaria la tarea de proceder por las vías democráticas para que nuestras instituciones y quienes las integran se democraticen de una manera real. Tenemos una Corte que es, en mi opinión, una de las más antidemocráticas, más antipopulares, que ha conocido la historia republicana. No tiene ni la excusa ni la justificación que pudieron tener otrora otras cortes.
El mundo es otro. Frente a una nueva realidad, se necesita una nueva legalidad. Ellos no están haciendo nada para darle a la sociedad las referencias más apropiadas que se requieren en estas circunstancias.
En esa dirección, se está proponiendo desconectar el nombramiento de jueces y magistrados de los órganos ejecutivo y legislativo, para evitar su politización... Qué pregunta más interesante. Nos hemos acostumbrado a encasillarnos en la tradición truncada de presentarnos como seguidores de la división clásica de poderes, olvidando que en el siglo XIX a la fecha hay otro poder que ha ido desarrollando y emergiendo como un órgano al que no se le ha querido reconocer, que es el poder ciudadano.
En ese terreno definitivamente que mientras no le demos paso a la participación ciudadana estamos totalmente de espaldas a las nuevas realidades que vive el mundo de hoy.
Es urgente separar o aislar todo lo que tenga que ver con la elección de magistrados a la Corte Suprema, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, tribunales superiores, jueces, procuradores, fiscales y personeros, aislarlos de cualquier tipo de ingerencia del órgano ejecutivo y legislativo cuando esa ingerencia es exclusivista, tanto para la designación como para su nominación.
Identicamente pienso en correlación con el Legislativo. Creo que habría que aprender de otras sociedades en las cuales existe consejo nacional de la magistratura o de la judicatura, donde el mecanismo de selección de los integrantes del poder judicial o del ministerio público, su designación y aprobación pasan aparte completamente de las funciones del Ejecutivo y el Legislativo.
¿Por qué no pensar que ciertos integrantes del Poder Judicial puedan ser nominados por sus pares?
Estoy pensando que se podría integrar un consejo nacional de la judicatura en el cual haya representantes del Colegio de Abogados, electos en asamblea general, representantes de los jueces, organizaciones no gubernamentales abocadas a trabajar en este terreno.
También profesores de las facultades de derecho, electos por la junta de facultad, y naturalmente la participación de la sociedad civil y que ella misma debe encontrar representación en ese consejo de la judicatura.
Esta clase de representación puede extenderse a otras entidades públicas, Ente Regulador, Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), Autoridad del Canal.
Tienen que sentarse las pautas para que estas entidades no sean monopolio exclusivo de cualquiera de los órganos del Estado. Entre las iniciativas de cambio constitucional se citan las que deben operarse en el Organo Legislativo, esto es la eliminación de los dos suplentes, que no existen en otros parlamentos latinoamericanos, el manejo de partidas circuitales y administración directa de dinero del erario; la eliminación de privilegios y prebendas, la restricción de la inmunidad parlamentaria, en materias de tipo civil, entre otros puntos. Su opinión.
222 Hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad. Igualmente, hay que seguir el ejemplo de otras sociedades latinoamericanas, que han eliminado la figura de suplementes de legisladores y magistrados, expreso Bernal.
En el Legislativo, como en el Ejecutivo y Judicial, se dan situaciones de dádivas y privilegios y también de suplencias. En primer término debe haber una voluntad política de gobernantes y gobernados de hacer cuanto antes las reformas que pongan punto final a esta trilogía nociva que es los suplentes, partidas y privilegios. Estos últimos se pueden eliminar a través de una ley sin necesidad de tocar la norma constitucional porque estos privilegios los han ido introduciendo a través del reglamento interno, lo mismo para el judicial y el ejecutivo.
Asimismo hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad.
No es dinero del gobierno, partidos u órganos del Estado sino dineros del erario que deben manejarse como la mujer del César: ser honestos y sobre todo parecerlo.
Si hay cosas que debemos aprender de otras sociedades latinoamericanas es casualmente que ellas han ido eliminando a los suplentes de legisladores y magistrados, que en Panamá es una situación gravísima, no sólo por la manera como se nombran sino porque los mismos están en un permanente y abierto conflicto de interés. En el Ejecutivo hay que eliminar las figuras del vicepresidente porque son unos buenos a nada.
No estoy prensando en personas sino en las posiciones. Los vicepresidentes deben dejarse a los museos. Por otro lado, el reloj de la inmunidad se detuvo hace varias décadas y no nos hemos dado cuenta. La inmunidad está desapareciendo en su concepción tergiversada de las cuales se valieron algunos en situaciones muy especiales.
Debemos pensar más bien en la inmunidad del ciudadano para tener derecho a expresarse libremente sin temor que se le puedan aplicar medidas que contrarían dicha libertad. La inmunidad, en resumen, no debe salirse del foro o del escenario del hemiciclo donde actúan como representantes. Fuera de allí no debe existir la inmunidad. Lo que hay es una grandísima impunidad para no cumplir con responsabilidades familiares, o contraídas como deudas.
