Dos años han pasado desde que el subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Erick Bravo Dutary, fue suspendido de su cargo tras una falta administrativa.
Al funcionario se le acusó de ayudar a un amigo investigado tras la muerte de la joven Vanessa Márquez.
Bravo denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional del Estado panameño, por la violación a derechos concretos como: la protección judicial y debido proceso, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Suprema lleva el mismo tiempo sin resolver el amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa, contra lo actuado por la Procuradora de la Nación, quien ordenó la suspensión del funcionario.
Luego de este accidente se ha registrado el incendio de siete vehículos en diferentes puntos del país, lo que en ocasiones ha generado pánico.
