La Contraloría General de la República no ha podido terminar las investigaciones contra la supuesta red de diputados que desvió más de 12 millones de balboas del desaperecido Fondo de Inversión Social (FIS), a pesar que hoy se cumple un año y 20 días desde que los auditores entraron a revisar el caso.
La institución se contradice en la versión sobre esta investigación. Por un lado sostiene que tiene un avance del 75% en el caso, pero por el otro aduce que su principal obstáculo fue la “falta de comprobantes” para la sustentación de la auditoría.
La propia Contralora, Gioconda Bianchini, dijo a este medio que del caso FIS "no se ha enviado nada a otra instancia, ya que no ha finalizado la auditoría".
También recalcó que no existe ningún período de vencimiento o plazo límite para terminar con la investigación. "A medida que los documentos estén a tiempo, y podamos verificar los procedimientos, así mismo se agilizará la auditoría", agregó.
También Bianchini hizo referencia al procedimiento de la Contraloría en estos casos: "una vez finalizada la auditoría y de encontrarse alguna irregularidad, se remite el expediente a las autoridades competentes, para que procedan a la calificación de los hallazgos".
A pesar de que la Contraloría dice que está investigado, nada ha cambiado tras el escándalo: los diputados continúan manejando millonarios programas de ayuda con recursos del Estado sin tener que cumplir con un estricto control.
En la mayoría de los casos los diputados cuentan con una partida anual que supera el millón de balboa. La única diferencia ahora es que la chequera proviene del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que maneja Giacomo Tamburrelli, el último director del FIS y quien intentó engavetar la auditoría externa que reveló las irregularidades.
El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, dijo que el periodo de entrega de documentos ya terminó, por lo que ahora el proceso depende de la Contraloría.
Antecedentes.
Con el cambio de Gobierno, en junio de 2009, Taburrelli al mando del FIS contrató a la firma López Consultores para que realizara una auditoría sobre el manejo de la institución.
En agosto de ese año, el director del FIS recibió los primeros informes encontrando que las irregularidades incluían a diputados, tanto de la bancada oficialista como de oposición, por lo que decidió mantener la información en su escritorio en lugar hacer la denuncia a la Contraloría.
Sin embargo, la auditoría se filtró a los medios de comunicación social estallando un escándalo público que resonó en el Palacio de las Garzas. Los informes incluyen documentos, cheques y contratos del FIS durante la administración de Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Las conclusiones de los auditores externos también son directas: la red era controlada por diputados a través de fundaciones desconocidas y empresas de papel que simulaban entregas de equipos y alimentos a supuestas comunidades necesitadas.
Según López Consultores, las irregularidades alcanzaron los 12 millones de balboas dentro de la documentación que encontraron.
Incluso, los auditores explicaron en sus informes cómo el dinero del FIS “regresaba” a cuentas bancarias de algunos diputados. Cada diputado mencionado en los informes tenía particularidades de cómo manejaban estos fondos públicos. En uno de los casos, los cheques de la compra de implementos deportivos eran cobrados por el chofer del propio diputado que canalizaba la ayuda social.
En otro caso se vinculó a la Iglesia Católica: se manejó más de un millón 300 mil balboas en nombre del Convento de la Visitación de María. Hoy día este caso se encuentra en el Ministero Público ya que las monjas del convento declararon que nunca recubieron la ayuda directamente y que funcionarios de la Asamblea las hicieron firmar cheques en blanco.
Otra parte de la información de la auditoría establece que algunos diputados trabajaban con asistencias económicas que no llegaban a los supuestos beneficiarios. Ello se hacía mediante fundaciones irregulares y la falsificación de los estudios socioeconómicos.
Bajo este programa se utilizaban identidades de personas naturales y firmas de trabajadoras sociales para tramitar las asistencias que nunca llegaban a los supuestos beneficiarios.
