A eso de las 10:00 a.m. el abogado bastante exaltado, luego de firmar su medida cautelar (casa por cárcel), dijo que había solicitado una práctica de pruebas contra los magistrados José Andrés Troyano, Graciela Dixon, Adán Arnulfo Arjona, Arturo Hoyos, Winston Spadafora, Aníbal Salas y Alberto Cigarruista.
También fueron incluidos en esta lista el ex presidente de la Corte, César Pereira Burgos, los abogados Carlos Jones y Miguel A. Ordóñez.
Pidió que se establezca la veracidad o falsedad a través de una prueba de polígrafo y que respondan a un cuestionario donde se señalan presuntos actos de corrupción en la que presuntamente se compraron los votos de los Magistrados con el fin que decretaran legal su detención, detalló.
Las denuncias a las que se refirió estuvieron enmarcadas en contra de los abogados Jones y Ordóñez donde textualmente señaló que el último le dijo en la antesala de la Fiscalía Auxiliar de la República en el 2003 que " mi pelea era con gente muy poderosa, por lo que fracasaría estrepitosamente y por ende me sugería ofrecer pagar una suma que él estimaba entre B/. 50 mil a 100 mil por los gastos en que había incurrido su jefe para lograr comprar los votos de los Magistrados que decretaron legal mi detención".
El remordimiento lo llevó a tomar determinaciones drásticas y optó por invertir el dinero que ya había comenzado a gastarse. Sus hijos esperaban la compra de un vehículo y estudiar en la universidad, pero Antonio consideró que lo mejor era entrar en algún negocio.
La suerte esta vez no lo acompañó porque su familia decidió dejarlo solo con todo su dinero y en los negocios perdió casi la mitad de lo que había conseguido con la venta de sus tierras.
El problema es que Alberto sabía hacer producir la tierra y era un experto en café y hortalizas, pero no en asuntos de negocios e inversiones.
Con lo poco que le quedó recorrió todas las entidades bancarias de la provincia en busca del mejor interés para un plazo fijo, lo único que le ofrecieron era como para morirse de hambre.
Lo inevitable llegó, Antonio se gastó todo el dinero en menos de lo que pensaba hasta quedar en la quiebra total, sin tierra, sin casa y sin familia.
Marcial Suárez, representante del corregimiento cabecera de Boquete, explicó que ante la anuencia en las construcciones de alto costo que se han realizado, el municipio procedió a normar los impuestos que se cobraban por construcción.
Las construcciones que alcancen un valor de B/.50,000 se les cobra el 1% de impuesto, de este monto en adelante el 2%. Esto se le está aplicando a todas las construcciones.
Los extranjeros en Boquete no se les aplica ningún tipo de restricciones, lo que a juicio de Suárez mantiene la afluencia que les trae divisas.
Por su parte, Gloria Gómez edil de Los Naranjos, sostuvo que han escuchado que existen proyectos en otros países que están vendiendo a Boquete, pero temen que la venta constante de tierras de los nacionales a los extranjeros pueda ir reemplazando a los moradores del lugar.
El alcalde de Boquete, Manolo Ruiz, solicitó una reunión urgente a la ANAM para que se reglamenten las construcciones y urbanizaciones en Boquete .
