Los trabajos de seguimiento y vigilancia que realiza el Consejo de Seguridad a los dirigentes sindicales, y al que hacen referencia los indagados ante la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada dentro de las investigaciones por el caso de las escuchas telefónicas, fue repudiada por los líderes de las organizaciones sociales.
Aunque no los toma por sorpresa, advierten que se trata de una clara persecución contra la libertad sindical, que en nada cercenará la lucha por los derechos de la clase trabajadora, o de aquellos que difieren de las políticas de Gobierno.
En representación de los grupos docentes el dirigente, Diógenes Sánchez lamentó la práctica contra los líderes que mueven grupos y no así en capturar información para dar con los narcotraficantes y perseguir a los delincuentes.
"En nombre de la seguridad del Estado violan derechos consagrados en la Constitución Política. Lamentablemente este Gobierno no será la excepción de los gobiernos anteriores", dijo Sánchez.
"No nos vamos a dejar amedrentar, por el contrario nos da más ímpetu para seguir luchando, para que la riqueza sea mejor distribuida y haya respeto absoluto", es la sentencia del Alfredo Berrocal, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).
Panamá tiene que entender que en una democracia hay libertad de reunión de movilización, y esa libertad no excluye a ningún grupo del país, por lo tanto los gremios vamos a seguir reclamando el derecho de vivir con dignidad", agregó.
Luis González, Secretario de Fiscalización de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), calificó la práctica como un acto intimidatorio. "Se está violando el derecho a la intimidad. Fue en tiempos de Varela cuando se aprobó la Ley 14 de 2010 que impide las movilizaciones en las calles".
La dirigente, Maribel Gordón, del desaparecido Frente Amplio por la Democracia, indicó que debemos verlo como una violación a los derechos de las organizaciones de los panameños. "Hay que denunciarlo como una práctica de persecución y represión".
Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, dice que no hay certeza de la denuncia, pero es una alarma para estar anuente al comportamiento del Gobierno, porque sería muy grave.
Al menos tres de los indagados por el caso de las escuchas telefónicas afirmaron que el Consejo de Seguridad sigue operando máquinas de escuchas telefónicas o pinchadoras dentro de su división de inteligencia que opera en el llamado edificio 150 de Quarry Heights, en las faldas del Cerro Ancón; con especial atención a los “grupos sindicales de todo, los que hacen medidas de presión como huelgas, marchas, cosas así”.
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