Un informe elaborado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica determinó que los mayores casos de violación a los derechos humanos se registran en materia de administración de justicia y en los centros penitenciarios panameños.
En el informe se advierte que la mora judicial y la tímida aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad continúan siendo los grandes problemas que enfrenta el sistema de administración de justicia panameño, lo que agudiza el hacinamiento y trae como consecuencia la masificación de los centros penitenciarios y una cantidad escandalosa de presos sin condena (más de 5 mil).
En este sentido, agrega, que pese a que existen varios proyectos de ley para la modernización del sistema penitenciario, el país no cuenta a la fecha con un marco jurídico acorde con las modernas corrientes criminológicas y penitenciarias, que regulen de manera sistemática lo concerniente a las cárceles y su respectivo reglamento.
Señala igualmente que otro de los problemas que enfrenta el sistema penitenciario es la "corrupción", que involucra el cobro de coimas de funcionarios a cambio de favores, entre los cuales figura que los internos puedan hacer llamadas o recibir visitas.
El documento de Justicia y Paz también destaca que la confrontación existente entre el director de la Policía Técnica Judicial y el procurador de general de la Nación se profundiza debido a los vacíos y contradicciones en la ley que modificó la estructura de la PTJ, acrecentando la crisis que vive la administración de justicia.
Por otra parte, se enumera en el informe como los principales enemigos de la libertad de expresión a las prácticas como "el cobro de coimas, la manipulación de la información, la falta de independencia dentro de los medios, el no respeto al pluralismo y el poco respeto a la honra de las personas".
Asimismo, advierte que con la negativa de Estados Unidos a limpiar la contaminación en los polígonos de tiro deja 120 mil piezas de municiones sin explotar en cerca de 8 mil acres, lo cual representa un peligro inminente para las 60 mil personas que residen en las comunidades adyacentes a los polígonos.
Por otro lado, y en relación a los derechos económicos y sociales, destaca que en Panamá se evidencia una marcada desigualdad social, caracterizada por la acumulación de riquezas en pocas personas, lo que genera y perpetúa la pobreza.
