Washington-A sólo dos semanas de la tercera Cumbre de las Américas, incrementan los llamados para que los 34 jefes de Estado de las Américas enfoquen la problemática de los derechos humanos y la libertad de expresión en el hemisferio.
El tema, que ya esta incluido en el amplio espacio que la agenda dedica al fortalecimiento de la democracia, inevitablemente incluirá mención del problema que actualmente enfrenta la prensa panameña por causa de las "leyes mordazas" que las cortes esgrimen con argumentos de difamación y desacato para procesar a los periodistas.
La necesidad de enfatizar la situación de los medios fue mencionada durante las sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cerró el fin de semana en Santiago de Chile, con la participación del presidente Ricardo Lagos, y la canciller María Soledad Alvear Valenzuela. También asistió el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón
En un comunicado firmado por el presidente de la Comisión, el Decano Claudio Grossman, el grupo señaló: "La libertad de expresión es una cuestión de alto interés para la Comisión Interamericana. Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido en reiteradas oportunidades que las normas sobre desacato y censura previa son incompatibles con la Conveción Americana".
Fuentes fidedignas informaron a El Panamá América que también el informe anual que Cantón presentara a la cumbre caracterizara la política hacia los medios, del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso como un "retroceso" comparado con el documento presentado a la OEA el pasado año que señaló que en 1998-1999 en Panamá había registrado "progresos" en materia de la libertad de expresión comparado con años anteriores.
Los temas pendientes que hay en Panamá sobre este asunto se refieren a que durante la mayor parte del año 2000, los periodistas siguieron sufriendo actos de intimidación por parte del poder judicial y de miembros del gobierno de la presidenta Moscoso. La semana pasada dos informes del gobierno de Estados Unidos sobre el estado de la política económica de Panamá, resaltó que se consideraba al poder judicial de corrupto e ineficiente.
En tanto, Amnistía Internacional en una comunicación dirigida el fin de semana a los mandatarios que acudirán a la cumbre, solicitó que más que nada concentren su atención a la defensa de los derechos humanos y la libertad de información.
Al respecto, el influyente organismo no gubernamental consideró que "no es posible hablar de democracia cuando no existe respeto efectivo a los derechos humanos", y que los delegados deberían tratar la materia por encima de la discusión sobre las estrategias económicas o comerciales a seguir, pues sin esta primicia no es posible la democracia.
En un comunicado a los medios, Amnistía Internacional refirió que todavía prevalece un abismo entre las declaraciones oficiales y las mejoras concretas e hizo un llamado a los países del continente americano para que "adopten las medidas pertinentes para reforzar el efectivo cumplimiento de todas las decisiones de los órganos de derechos humanos, otorgándoles más recursos económicos y humanos".
Indicó además que el criterio de discusión debe basarse en que las estrategias de carácter económico y comercial son aceptables en la medida en que no impidan el respeto a los derechos fundamentales.
La Cumbre, que se desarrollará del 20 al 22 de abril próximos, en Quebec, Canadá, tiene el propósito de discutir temas comunes y buscar soluciones a problemas relacionados con la economía, el comercio y el fortalecimiento de la democracia, en su mayor parte.
Subrayando que en materia de derechos humanos mucho queda por hacer, Amnistía Internacional destacó que los países participantes en la Cumbre de las Américas tienen responsabilidad de cumplir con los tratados internacionales que ellos mismos han firmado y ratificado.
Sobre todo, porque en el continente se han denunciado graves violaciones a las garantías individuales, entre las que se incluyen: pésimas condiciones carcelarias; abusos policiales; amenazas de muerte; asesinatos políticos; el sometimiento de los solicitantes de asilo a malos tratos; amenazas y hostigamiento dirigidos a los defensores de los derechos humanos.
"Sigue ocurriendo en la región que el acceso a la justicia y las garantías judiciales resultan frecuentemente imposibilitados; las situaciones de extrema pobreza evidencian la denegación de esenciales derechos económicos, sociales y culturales, y la impunidad sigue estando presente a través de actitudes omisivas", comentó el organismo.
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