Preocupado y en estado de alerta se declaró el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Programa Nacional de Tierras (PRONAT), ante la intención que tiene el Gobierno de derogar la Ley 23 de titulación de derechos posesorios en costas e islas.
Los representantes de las 34 comunidades campesinas, que conforman el Consejo, le solicitaron al presidente Ricardo Martinelli, aprobar la reglamentación de la ley.
De igual manera, pidieron la reasignación de B/ 18 millones que la administración anterior eliminó del presupuesto del programa, para cumplir con la titulación masiva.
Las comunidades denunciaron que las oficinas de Reforma Agraria y de Catastro se han convertido en “mercaderes de tierras”.
El abogado Guillermo Márquez Amado asegura que resulta incomprensible que en 6 años la oficina de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), haya asignado 12 solicitudes de derechos posesorios de manera selectiva, de un total de 5 mil.
César Carrasquilla, coordinador del Consejo, señaló que más del 70% de los predios del territorio nacional no cuenta con derechos posesorios.
