Sociedad civil rechaza aprobación de Código

LA decisión de los diputados de la Asamblea Nacional, de aprobar el proyecto de Código Penal disminuyendo las penas de cárcel para este tipo de delitos, causó rechazo entre varios sectores, principalmente de la sociedad civil.
El ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, advirtió que las sanciones en cuanto a la administración pública, deben ser ejemplares.
Criticó el reducir las penas para los delitos cometidos por funcionarios involucrados con la administración de justicia, y más aún cuando este sistema es percibido como "carentes de efectividad y sujeto y objeto de manipulación".
Por su parte, Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró "imperdonables" algunos cambios avalados, como la reducción de las penas por corrupción de los servidores públicos.
Agregó que en el Artículo 331 y 332 del Código Penal vigente se señala como agravante de este delito que cuando lo recibido sea para retardar u omitir un acto inherente al cargo, la pena aumenta de 3 a 6 años.
No obstante, dice, en el código aprobado se unen los dos en un solo delito, y se fija para ambas conductas una pena de 2 a 4 años.
Según Castillo, se bajó la pena no sólo en cuanto a lo aprobado en primer debate, sino en lo que establece la legislación vigente.
Cambio Democrático (CD) cuestionó la decisión de los tres diputados del colectivo, quienes ignoraron las instrucciones de votar en contra del proyecto, por atentar contra la libertad de expresión y promover la impunidad del delito.
Tanto el diputado Juvenal Martínez y uno de los suplentes de José Brown, votaron a favor, mientras Dalia Bernal se ausentó.
CD llamó la atención a los diputados por no rechazar el proyecto, y a Bernal se le acusó de que con su ausencia atentó los postulados del colectivo. Por ello, se aclaró que no respondieron a la línea del partido.
Al respecto, Martínez se defendió con que "no se trató de que apoyaran al Partido Revolucionario Democrático, sino a un proyecto que el país necesita".
Frecuentemente se habla que el presidente veta determinada ley aprobada cuando la Constitución usa el término objetar.
El Artículo 168 establece: "aprobado un proyecto de ley, pasará al Ejecutivo, y si éste lo sancionare lo mandará a promulgar como ley. En caso contrario, lo devolverá con objeciones a la Asamblea Nacional".
El Artículo 170 dice que: " El proyecto de ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Nacional a tercer debate. Si lo fuera sólo en parte, volverá a segundo para formular las objeciones".