Como un "retroceso" y hasta un método "peligroso" calificaron diferentes organizaciones civiles, la decisión del Gobierno de excluirlos del Consejo Nacional Contra la Corrupción.
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, dijo que el Gobierno cometió un "error" al realizar modificaciones al decreto que crea al Consejo, sin tomar en consideración la opinión de sus integrantes.
Hizo un llamado a las organizaciones para que estén vigilantes de que el Secretario Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, no tenga "concentración de poder ni duplicidad de funciones" que riñan con las entidades encargadas de realizar investigaciones.
El Decreto del 21 de julio pasado que será promulgado en los próximos días en Gaceta Oficial, según reveló una fuente a Panamá América,señala que Núñez podrá investigar "botellas", sobrecostos en licitaciones, irregularidades en las empresas mixtas y hasta pedir la destitución de funcionarios que obstaculicen investigaciones, entre otras funciones.
Aseguró el ‘Ombudsman’ que desde que asumió el cargo "jamás" se le convocó para que asistiera a una reunión del Consejo, situación que los colocó en desventaja para fiscalizar la gestión pública.
Mientras, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Aurelia Marín, lamentó que se “coarte” la participación de la sociedad civil en el proceso de fiscalización en los casos de corrupción, debido a que sólo altos funcionarios conformarán el Consejo Anticorrupción.
Cambios.
El decreto excluye además al Consejo Nacional de la Empresa Privada, al Comité Ecuménico, al Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados y al Procurador de la Administración.
El Secretario podrá presentar ante las autoridades competentes denuncias formales de corrupción y hasta constituirse en querellante.
