Una solicitud para el arresto del ex jefe de inteligencia peruano, Vladimiro Montesinos, fue presentada ayer ante el Ministerio Público por violación a los derechos humanos y su vinculación con la muerte de nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, "La Cancuta", en Perú.
El abogado y ex asesor presidencial, Miguel Antonio Bernal, reveló que mediante la Ley 5 de 16 de junio de 1987 se aprobó la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles y también se aprobó mediante la Ley No. 12 de 18 de junio de 1991 la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y que ante ello las autoridades penales panameñas deben tomar acciones.
Bernal explicó que Montesinos tiene múltiples acusaciones por violación a los derechos humanos y torturas cometidas cuando se encontraba al frente del Servicio de Inteligencia Peruano (SIN) y que estas denuncias son susceptibles de ser perseguidas penalmente aquí.
El jurista dijo que las leyes 5 de junio de 1987 y No. 12 de 18 de junio de 1991 establecen que la persona sobre las que recaigan sospechas de que haya practicado la tortura debe ser detenida por el Estado en que se encuentre, sin importar si es nacional de ese país.
Dijo que en la actualidad existe una denuncia contra Montesinos y que si la presidenta de la República, Mireya Moscoso, acepta concederle asilo político a Montesinos estaría violando la Constitución Nacional y podría ser objeto de un juicio ante la Asamblea Legislativa, si alguien presentara una denuncia en su contra.
Explicó que el caso del ciudadano peruano Alfonso José Noriega López y el de su esposa Ana María López Flores se encuentra debidamente presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se debe proceder al arresto de Montesinos y el inicio de una investigación sobre su participación en este tipo de ilícitos, aunque estos no hayan sido cometidos en territorio panameño.
