La Fiscal Decimoquinta de Circuito, Haxiria Henríquez, solicitó la condena para las cinco unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), que, supuestamente, golpearon a familiares y afectados por el dietilenglicol el pasado 19 de julio del 2007, en los predios de la Presidencia de la República.
Henríquez basó la petición de condena en que sí existió abuso de autoridad por parte de las unidades del SPI, al no persuadir a los manifestantes, lo que era uno de los procedimientos que debían tomar antes de actuar.
Agregó que hubo dolo en la acción, porque dieron órdenes y propinaron golpes a pesar de conocer que estas personas no representaban un peligro para ellos, ya que las armas de los manifestantes eran catéteres, bastones y andaderas.
Mientras que los abogados de la defensa pidieron una sentencia absolutoria para los imputados.
Los juristas se basaron en que no se averiguó el delito correspondiente, pues señalaron que el Ministerio Público debió investigar por los delitos contra la libertad individual o por el de lesiones personales, y no por abuso de autoridad.
En el caso del abogado Carlos Carrillo, defensa de Eric Espino, explicó que existe una norma para los manifestantes en cuanto a la distancia que debe existir entre ellos y el cordón de seguridad, que era de 500 metros y que, a su juicio, no se cumplió.
Argumentó que el incidente se inició cuando el dirigente de los afectados, Gabriel Pascual, le quitó la vara policial a una de las unidades del SPI, y entonces fue pateado y aprehendido.
“En la actuación de Espino no hubo dolo, porque le quitó la vara policial a un civil que sí la tenía”, señaló.
En esta audiencia, el dirigente del Comité en defensa de la salud, Gabriel Pascual, fue llamado como testigo, y se le repreguntó por las partes y explicó lo sucedido ese día.
Aseguró que despojó a una de las unidades del tolete, ya que estaba golpeando a las afectadas que se encontraban en la primera fila, y que lo hizo para protegerlas.
Igualmente, recalcó que el objetivo de la manifestación de ese día era entregar un pliego de peticiones que solicitaban como víctimas del consumo del jarabe envenenado a un representante del Gobierno.
El juez Octavo penal, Raúl Vergara, tuvo que rechazar el testimonio de Zoraida Williams porque estaba en el salón de audiencias desde el inicio del juicio a las unidades del SPI.
