La ex fiscal tercera de circuito, Esther Uribe, solicitó al nuevo gobierno que realice una depuración dentro del Ministerio Público para sanearlo de los actos de corrupción que se cometen por parte de algunos funcionarios.
Uribe también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el reglamento de manejo de los fiscales del Ministerio Público y por el cual fue destituida de su puesto, que fue sustentado por la abogada Clementina Rodríguez.
Rodríguez, quien también se desempeñó como fiscal dentro del Ministerio Público, alegó que los señalamientos contra su cliente carecen de fundamento y que dentro de esa institución existen personas carentes de formación jurídica.
La jurista destacó que corresponderá al resto de los fiscales resolver el recurso de reconsideración presentado por su cliente.
Detalló que algunos de los funcionarios de instrucción que firmaron la resolución han presionado a subalternos, para el manejo de algunos expedientes sensitivos y ello constituye una falta grave.
También explicó que en su debido momento y cuando se cumplan con los diversos requerimientos exigidos por la ley presentarán las evidencias necesarias para probar los señalamientos hechos con relación al funcionamiento de algunos despachos del Ministerio Público.
La fiscal Uribe fue destituida del cargo por el supuesto otorgamiento irregular de medidas cautelares a personas investigadas por la comisión de delitos graves, entre los que se encuentran robo.
Durante la administración del procurador José Antonio Sossa han sido destituidos de su cargo siete fiscales, entre los que se encuentran Guillermina Mcdonald, Dina Torres, María Elena Valdés, Rogelio Arosemena, Roberto Murgas, Clementina Rodríguez y recientemente presentó su renuncia el fiscal Cristóbal Arboleda.
La mayoría de los fiscales separados de sus cargos se desempeñan en la actualidad como abogados litigantes en diferentes firmas y algunos han expresado duras críticas al manejo del Ministerio Público por la presente administración.