El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, pidió ayer al administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Denis Moreno, una copia autenticada de los resultados que arrojó el informe de auditoría a las empresas de distribución eléctrica, elaborado por dicha instancia.
Vargas sustentó su solicitud en que la Defensoría del Pueblo es una instancia “preocupada y comprometida con la protección y defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del país”.
“Los últimos aumentos en el costo de la tarifa eléctrica son un abuso a los usuarios, ya que dicho sobrecosto va en perjuicio del bolsillo de los consumidores, sin que se le haya exigido una explicación inmediata a las concesionarias”, sostuvo el ‘Ombudsman’.
El Defensor abogó para que el Estado ejerza un papel más activo en las juntas directivas de estas compañías.
