La audiencia seguida a cuatro agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), acusados de golpear a pacientes y familiares de víctimas fallecidas por consumir medicinas contaminadas con dietileglicol, terminó con una petición de llamamiento a juicio por parte de la fiscalía.
Luego que el juez octavo penal, Raúl Vergara, se acogiera al término de 24 horas para dar un veredicto, un grupo de pacientes que estaba en la sala de audiencia, increpó a los abogados de la defensa por haber asegurado que los agentes del SPI cumplieron con su deber al reprimir la manifestación.
Varios de los sobrevivientes acusaron a los abogados de la defensa de "corruptos" por intentar torcer la verdad y eximir de responsabilidad a los miembros del SPI.
Durante la audiencia, la fiscal decimoquinta, Axiria Ramos de Zanat, solicitó al juez acoger su petición de llamar a juicio al director del SPI, José Gómez, y a los agentes Jorge Armando Peralta, Omar Abdiel Berrío y Eric Ramos Espino.
La fiscal aseguró que existen constancias de las lesiones ocasionadas por los agentes del SPI a los pacientes, ya que varios de ellos fueron llevados al médico para recibir atención y quedaron incapacitados por varios días.
También detalló que en los videos aportados por varios noticieros, se observa cómo los pacientes y el dirigente Gabriel Pascual son golpeados y esposados, a pesar de que la protesta era pacífica.
La funcionaria sostuvo que existen más de 10 testigos y certificaciones del Instituto de Medicina Legal que confirman la golpiza dada al grupo de sobrevivientes del dietilenglicol.
En su alegato, el abogado Carlos Carrillo, defensor del agente del SPI, Eric Ramón Espino, aseguró que estudiantes pertenecientes al FER-29 fueron quienes empujaron a los pacientes contra los agentes del SPI y así fue como se generó la confrontación.
Carrillo acusó a Anabela Herrera de ser la persona que dio la voz de avanzar a los integrantes del FER-29, quienes empujaron a los afectados contra el cordón de agentes del SPI.
También acusó al dirigente Gabriel Pascual de haber arrebatado una vara policial a uno de los agentes, por lo que su cliente Ramón Espino actuó para recuperarla.
En tanto, Elio Camarena, representante legal del jefe del SPI, José Gómez, aseguró que su cliente en todo momento intentó evitar una confrontación con los manifestantes, pero que terceras personas fomentaron los desórdenes.
En su intervención, Camarena planteó que los pacientes fueron puestos frente a frente con los agentes del SPI.
Durante la audiencia, familiares de víctimas y sobrevivientes del envenenamiento piquetearon la sede de la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y el pago de indemnizaciones.
