Una petición para que se investigue penalmente a agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ), fue hecha al procurador José Antonio Sossa, por el supuesto delito de extorsión mediante la grabación de conversaciones sin la autorización del jefe del Ministerio Público.
La abogada María Eduarda Córdoba solicitó al procurador que investigue las circunstancias en que unidades de la PTJ montaron una operación encubierta contra el empresario Hormoz Safi, por una supuesta extorsión perpetrada contra Alcibíades Silvera Quiel.
Según la denunciante, dentro del expediente se encuentran acreditadas una multiplicidad de irregularidades, entre las que mencionó el uso de grabaciones de conversaciones telefónicas sin la debida autorización del procurador Sossa.
A la vez explicó que en la acción encubierta realizada por los agentes de la PTJ se utilizó dinero que no se encontraba marcado para poder ser usado como prueba dentro del expediente.
Según el expediente, la investigación sobre la supuesta extorsión se inició cuando Silvera Quiel presentó denuncia contra Safi, tras mantener un litigio por una propiedad valorada en B/.15,000.
Quiel afirmó que recibió una serie de llamadas telefónicas en donde se le exigía el pago de una importante suma de dinero y luego un negocio de su propiedad sufrió un atentado. Añadió que posteriormente fue contactado telefónicamente para que entregara la plata.
Es más, en los 18 países citados el 56.3% opina que el "desarrollo económico es más importante que la democracia".
Sucede que esta brecha de desigualdad y pobreza se ha traducido en insatisfacción popular con esos líderes que llegan a ocupar las sillas presidenciales y los demás puestos de elección posterior a un proceso democrático.
Desde el 2000, a la fecha de conclusión del estudio, ese disgusto de los votantes ha alcanzado puntos efervescentes.
En cuatro de los 18 países mencionados, los presidentes electos se han visto obligados a renunciar antes de completar sus mandatos como consecuencia de una pronunciada caída del apoyo popular.
Es un malestar que el informe atribuye a servicios sociales ineficientes, sistemas jurídicos no adecuados, crecimiento económico insuficiente, todos ellos factores que no sólo han acabado con la confianza de los electores en Latinoamérica, sino también en democracias incipientes como Africa, Asia, y Europa Oriental.
Hasta los propios políticos entrevistados por el equipo de PRODAL coinciden en que los colectivos no están cumpliendo adecuadamente su papel.
El Informe sobre la Democracia en América Latina aplicó dos índices que Fong calificó como "novedosos".
Uno de ellos es el Indice de Democracia Electoral (IDE). Este se basa en cuatro componentes considerados esenciales para un régimen democrático: derecho al voto, elecciones limpias, libres y cargos públicos electos.
El valor varía entre 0 y 1. El 0 indica un régimen no democrático y los mayores puntajes se refieren a un mayor grado de democracia, no obstante, se aclara que no porque un "país haya recibido una puntuación de 1 no tiene que mejorar las dimensiones que incluye el índice".
En ese sentido, en Panamá se observa un "avance sostenible" hacia la democratización del régimen de acceso al gobierno.
El IDE de Panamá sube de 0.00 en 1997 (régimen autoritario) a 0.54 en 1985 y se mantiene en 1.00 a partir de 1990. El promedio del IDE en nuestro país entre 1990 y el 2002, es de 1.00.
La otra arista es el Indice de Apoyo a la Democracia (IAD) donde el asunto varía en alguna medida.
Este propone medir el respaldo ciudadano a la democracia. Combina indicadores de tamaño, activismo político y distancia de las orientaciones hacia la democracia.
El IAD clasifica a los ciudadanos en demócratas, ambivalentes y no demócratas. "Cuando el IAD tiene un valor de alrededor de 1, resume situaciones de equilibrio político entre las orientaciones demócrata y no demócrata. Si los valores son muy inferiores a 1, el apoyo ciudadano a la democracia es precario", se explica.
En Panamá se evidencia una tendencia positiva hacia la democracia, pero su IAD de 1.61 es el más bajo de Centroamérica, México y República Dominicana.
Quiere decir que las personas con mayor orientación hacia la democracia tienen el menor grado de activismo político, mientras que los que no se enlistan en ninguno de los dos grupos están más cerca de los no demócratas (aquellos con menor orientación a la democracia).
Fong habla de la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos en estos países. "Este informe busca propiciar el debate", señala. Sin embargo, tal como ocurre con otros temas nacionales, la representante del PNUD es consciente de que el "momento político" de Panamá impide reunirse por ejemplo con partidos y autoridades.
Actualmente se elabora un plan de acción sobre el informe y lo que compete a Panamá, el cual podría ser discutido después del 2 de mayo con miembros del Foro Panamá 2020, educadores panameños, entre otros actores del acontecer nacional interesados en el debate, según adelantó Fong.
