La empresa Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO) está solicitando al Gobierno Nacional que elimine los beneficios sociales de los trabajadores, los que fueron pactados en la convención colectiva, denunció José Morris, secretario general del sindicato de trabajadores bananeros.
De acuerdo con Morris, PAFCO no ha presentado la solicitud de manera formal al Gobierno, pero sí lo ha hecho de manera verbal a través de sus voceros. Morris advirtió que el sindicato espera que la empresa formalice su petición ante el Ejecutivo, para tomar las acciones pertinentes y presentar sus argumentos contra la solicitud.
Entre los beneficios sociales que serían eliminados mencionó el de la vivienda que la empresa otorga a los obreros. El dirigente dijo que PAFCO se queja de los altos salarios por mano de obra, pero "no dice que la fuerza laboral se ha reducido en más de 40% en los últimos años y que de 18 fincas ahora existen 13". Actualmente en la división de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, laboran 3,200 trabajadores.
Denunció que simultáneamente a su solicitud de que se eliminen los beneficios sociales, la compañía pide al Gobierno que le otorgue 4,500 hectáreas de tierras para que sean trabajadas gratuitamente sin pagar un centésimo al Estado.
Bolaños aclara que la situación de los corregidores en el distrito de Panamá es muy diferente a la de los mismos funcionarios en el interior de la república, incluyendo áreas como San Miguelito, ubicado en el sector metropolitano.
Tan preocupante es la situación, expone la funcionaria, que hay corregidores que no saben leer ni escribir o, como ocurre en muchos casos, no han culminado los estudios primarios ni secundarios. Esto, pese a que tienen la suprema responsabilidad de brindar justicia, que precisa de conocimientos técnicos.
222La falta de continuidad en el cargo que ocupa y su alto grado de politización son obstáculos que, según las autoridades, impiden la adecuada formación de este funcionario.
Asimismo carecen de la agilidad o destrezas para tratar los problemas de la comunidad, aunque están íntimamente ligados a su entorno. Para Magali Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la situación de los corregidores es verdaderamente crítica, debido a que se están dando múltiples violaciones a los derechos humanos a través de la justicia administrativa.
"Hay 584 despachos de corregidores a nivel nacional. Muchos están en lugares apartados y trabajan en condiciones deplorables. Además de que sus salarios son bajísimos (entre B/. 150.00 y B/. 200.00 mensuales), situación que se refleja en su labor", explicó Castillo, cuyo organismo apoya a la Procuraduría de la Administración en los programas de fortalecimiento de la justicia administrativa.
Tanto Castillo como Rosa María de Bolaños coincidieron al abordar los factores que inciden en que la capacitación que se les brinda a los funcionarios de la corregiduría no es aprovechada de la mejor manera. Expusieron que en primera instancia se observa un sometimiento político, por ser el cargo de libre nombramiento y remoción por parte de los alcaldes.
Por otro lado, los corregidores tienden a ser fugaces en sus puestos, observándose en muchos casos que la persona en el cargo es cambiada cada seis meses.
Esto, para quienes desarrollan programas de mejoramiento de justicia administrativa, resulta todo un revés, porque de acuerdo con Castillo y Bolaños, cuando llegan a una corregiduría cuyo funcionario fue adiestrado meses atrás se encuentra con otra persona a la que hay que instruir nuevamente.
"Igual pasa con las visitas que hacemos. Se llega a un sitio que ya fue visitado seis meses atrás y al llegar el "Manual para el Buen Desempeño de Nuestros Corregidores" no está porque el anterior funcionario se le llevó a casa", relató Rosa María de Bolaños.
¿Pero qué criterios o fundamentos legales utilizan aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir las disposiciones administrativas? Precisamente esa es la tarea que buscan enseñar los funcionarios de la Procuraduría de la Administración junto con la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a través del Manual de Corregidores.
Pero lo cierto es que mientras estas instancias realizan esfuerzos para hacer mejoraras al sistema, en la amplia geografía del país los criterios que se utilizan para aplicar justicia administrativa, y sobre todo para aplicar las penas, son arbitrarios y a libre albedrío del corregidor, "lo que hace más caótica la situación de la justicia".
La caótica experiencia que muchos panameños tienen con los corregidores es casi generalizada, sin embargo, la diferencia entre los funcionarios que son del distrito de Panamá y del resto del país es abismal.
A diferencia del resto del país, donde no hay parámetros para la selección de la importante figura, en el distrito capital existe todo un perfil del corregidor, según informa el director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Juan García.
"La actual administración de la comuna capitalina ha dispuesto un perfil para que el cargo sea ocupado por personas idóneas, como que residan en el lugar donde serán designados, así como ser abogados o cursar los últimos años en la carrera de Derecho", indicó.
De hecho, agregó García, 17 de los 19 corregidores son abogados, mientras que los dos restantes estudian Leyes, acción que procura que estos funcionarios conozcan las disposiciones establecidas en el Código Administrativo.
El funcionario municipal reconoció que la designación y remoción de los corregidores es facultad del alcalde, pues no hay término establecido en la ley para ejercer el cargo. No obstante, aclaró que es competencia de cada municipio procurar la capacitación de sus funcionarios.
Añadió que para evitar las arbitrariedades, se ha creado la figura del coordinador de corregidores, quien se encarga de realizar visitas carcelarias y examinar los casos que han llegado a los penales producto de decisiones adoptadas por los corregidores del distrito.
El coordinador también evalúa porqué razón se aplicó la sanción y de cuánto es.
"Estamos constantemente presentado instrucciones y charlas para que se pueda brindar una adecuada justicia, claro está que siempre hay una parte que gana y otra que pierde y en los últimos casos, quienes lo hacen presentan sus descargos, aún cuando no tengan la razón", argumentó García queriendo eximir de toda culpa a los corregidores capitalinos, que tampoco escapan de las denuncias.
Aún cuando el Municipio de Panamá cuenta con normas claras para que sus corregidores tengan una buena ejecutoria, Juan García reconoce que el actual Código Administrativo, creado hace más de 85 años, precisa reformar muchos de sus enunciados que ya son obsoletos.
Esta opinión es ampliamente compartida por Castillo y Bolaños. Para la primera, no es posible que mientras en la esfera penal el juez está facultado para suspenderle la pena al presunto responsable de cometer un delito, en el ámbito administrativo, y pese a ser una falta y no delito, no es posible suspender la pena.
"En Panamá tampoco aparece la figura del trabajo comunitario que compense las faltas cuyas penas conllevan a privación de la libertad", acotó Magali Castillo.
No obstante todo lo anterior, hay diversas razones ajenas a las normas e incluso a la formación del corregidor que inciden en la mala ejecutoria que pudiera darse dentro de una corregiduría. Según la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es notable la falta de colaboración que brinda la Policía Nacional.
También aparece como un inconveniente el problema de los recursos económicos con que cuentan los municipios del país y que impiden su organización. Los diferentes corregimientos de San Miguelito son prueba de ello, debido a la gran cantidad de casos que deben atender por la alta densidad poblacional. La activista dice haber notado, además, que el ciudadano que acude a una corregiduría desconoce sus derechos, lo que incide en la forma como se administra la justicia.
"Es importante ilustrar al ciudadano sobre sus derechos, porque muchas veces acude a las instancias en busca de justicia y lo que encuentra es un funcionario drástico, que por desconocimiento de las funciones que realiza, ultraja los derechos de ese ciudadano", apuntó.
Los casos que aborda un corregidor del campo son muy distintos a las que atiende uno de la ciudad. El primero, por ejemplo, resuelve litigios relacionados con problemas de tierra, violencia intrafamiliar y los comunes conflictos vecinales.
Pero, pese a las críticas y deficiencias que se le endilgan a este funcionario, ejerce un papel como mediador con mayor fuerza que el funcionario de la capital. "Se diferencia del citadino por ser más mediador, busca la solución pacífica de los conflictos", refirió Magali Castillo.
El corregidor que actúa con injusticia no es impune, aunque así lo pareciera. De acuerdo con Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la justicia prevé sanciones contra este funcionario público cuando cometa alguna falta.
Gutiérrez convidó a los ciudadanos para que acudan a esa instancia para recibir orientación de dónde deben presentar la denuncia, si han sido ultrajados en sus derechos por algún corregidor.
Aclaró que la Defensoría no puede aplicar sanciones, porque la ley no la faculta para ello, pero sí puede emitir una condena moral por su mala conducta. Ilustró que desde su despacho las denuncias que más se reciben son por desalojo, "aunque también se reciben muchas denuncias por abuso contra la libertad".
"Vemos que cuando se da la falta es porque el funcionario atendió un caso que no era de su competencia y ejecuta acciones que exceden las faltas. Por eso se requiere urgentemente una capacitación de estos funcionarios en igualdad de términos", recomendó.
