En menos tres años, el asesor del Ministerio de Educación, Manuel Solís Palma, firmó tres contratos laborales con esta entidad.
Sólo dos de ellos fueron refrendados por la Contraloría, que no encontró ningún impedimento para que Solís Palma devengara un salario mensual de B/.4,500.
El primer contrato se registró en el 2005 y fue por "servicios especiales" y el segundo corresponde a una "consultoría" en el 2006. Ambas contrataciones se hicieron utilizando como referencias la Ley de Presupuesto General del Estado y la Ley de Contrataciones Públicas.
Un tercer contrato en el 2007, también de "consultoría", no fue refrendado por la Contraloría por la oposición de diversos sectores que alegaron que Solís Palma aplicaba para la Ley Faúndes.
