El asesor del Ministerio de Educación, Manuel Solís Palma deberá salir del cargo. Pronunciamientos de la procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez y del procurador de la administración Oscar Ceville así lo precisan.
Ayer la procuradora Ana Matilde Gómez, pidió a los jefes de instituciones públicas cumplir la Ley 61 de 1998, mejor conocida como Ley Faúndes y evitar "cualquier mecanismo de contratación", que lo único que busca es evadir una responsabilidad legal.
La procuradora salió al paso de los señalamientos del contralor de la República, Dani Kuzniecky quien alegó que Solís Palma fue contratado por servicios profesionales y por ello, no lo consideraban un servidor público.
En tanto, el procurador de la administración, Oscar Ceville, en agosto del año pasado, dejó claro que "todo servidor público incluye las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o semi autónomas y en general, las que perciban remuneración del Estado".
Así, Ceville le aclaró a Juan De Dianous, gerente del Banco Nacional de Panamá, que el presidente de la Junta Directiva del Banco, Arturo Melo, tenía que abandonar el cargo porque la "Ley Faúndes", establece el retiro de los funcionarios que cumplen 75 años "a excepción de los servidores públicos de elección popular".
