El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, acusó a la Asamblea Legislativa de no haber discutido ni aprobado una serie de iniciativas que ha propuesto para enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado.
Explicó que las iniciativas que ha presentado ante la Asamblea buscan solucionar una serie de problemas prácticos que enfrenta el Ministerio Público para investigar los delitos.
Indicó que estas ideas servirán para mejorar la estructuración de los casos y facilitar el trabajo que realizan en este sentido los agentes de instrucción.
Sostuvo que estos instrumentos legales son necesarios ante la creciente modernización de los delitos y del crimen organizado, que cuenta con recursos muy superiores al de las autoridades y que muchas veces esta diferencia impide castigar los delitos a pesar de los esfuerzos realizados.
Aseguró que sin los recursos materiales y las herramientas judiciales correctas se hace muy difícil la persecución del crimen y lograr las sanciones ejemplares necesarias para disuadir a quienes pretenden perpetrar acciones criminales contra la sociedad.
Por otro lado, detalló que en el caso de los cambios propuestos a la ley que regula las intervenciones telefónicas será necesario conocer en detalle el documento que llegue a la Asamblea Legislativa, pero no detalló sus apreciaciones sobre las modificaciones que deben ser incluidas.
Sin embargo, estimó que en todo país debe existir una autoridad máxima en la estructura del Estado para la persecución de los delitos y que a esa instancia no se le puede estar imponiendo restricciones para impedir el desarrollo de sus labores.
A la vez indicó que continuará con su trabajo de perseguir los delitos y que tratará de cumplirlo a cabalidad, aunque denunció la existencia de sectores que de manera organizada se han dado a la tarea de atacar estas iniciativas.
