También advirtió que las denuncias presentadas por ese organismo, corren el riesgo de ser archivadas.
Sossa aseguró que esta nueva figura, adscrita al Organo Ejecutivo, no debe en ningún momento inmiscuirse en actividades propias de organismos encargados de la administración de justicia.
De igual forma consideró que si ello ocurre, sería una intromisión en el ámbito de acción que el marco constitucional reserva a la administración de justicia.
Sostuvo que si ello ocurre se estaría violentando el desarrollo democrático del Estado y tal situación no se debe permitir.
Por otro lado, detalló que las denuncias por delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, requieren de la presentación de una prueba sumaria.
Alegó que si estos presupuestos no se cumplen, las sumarias serán enviadas al despacho correspondiente para que sean archivadas.
José Antonio Sossa explicó que en otros casos, en donde la presentación de la denuncia no es clara, se pueden solicitar más pruebas y evidencias sobre los hechos denunciados.
También consideró que se puede ordenar la práctica de pruebas periciales, pero que cada caso recibe el trámite legal correspondiente.
"Una cosa es presentar una querella para que determinado acto se investigue y otra que se concluya dicha investigación", estimó.
Igualmente, planteó que "hay una tendencia a presentar denuncias y querer que se señalen responsabilidades de manera inmediata, cosa que no se puede hacer".
Arboleda solicitó recientemente al procurador Sossa que agilice los expedientes sobre las denuncias de corrupción porque de nada servirá el esfuerzo hecho por el Gobierno si los casos quedan “impunes o dormidos en el sueño de los justos”.
Dijo que cada día entiende el escepticismo que se apodera de distintos sectores de la población al no ver que las denuncias que se presentan al Ministerio Público tengan una acogida expedita.
Tanto Colombia como Panamá han tomado en serio la "desfronterización", palabra que ampliamente usaron los gobernantes de ambos países durante su pasada reunión en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias.
Superando los problemas en la frontera, como lo manifestaron los dos gobernantes, revisaron el avance de otros dos proyectos.
Para el año 2009, Panamá y Colombia esperan unirse a Centroamérica no sólo por cuestiones geográficas sino compartiendo los recursos energéticos.
La construcción de una red eléctrica que una cerca de 600 kilómetros de longitud se encuentra actualmente en estudio para determinar su trazado y diseño.
La interconexión permitiría transportar unos 300 megavatios de energía e integraría a Colombia al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC) suscrita en diciembre de 1996 por los países de la región.
Con unos $ 200 millones, la obra permitiría a Panamá transportar energía desde Colombia, pero no será posible hasta finalizar los estudios y determinar la empresa constructora a través de una licitación.
Un memorando de entendimiento firmado el 2 de noviembre selló otro compromiso entre Panamá y Colombia: la construcción de un gasoducto.
De este proyecto solo sae conoce la ruta. Iniciará en Maracaibo, Venezuela conectando La Guajira en Colombia y la costa atlántica panameña.
Panamá y Colombia suscribieron en abril de 2003 un Memorando de Entendimiento para impulsar la interconexión, que estará a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y la colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
La directora de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ligia Castro resta importancia a los estudios que lleva a cabo Colombia sobre la viabilidad de continuar la carretera Panamericana.
Castro dejó claro que muy poco tiene ANAM que ver con los estudios realizados del lado colombiano.
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) invirtió cerca de 2.3 millones años atrás tratando de establecer la viabilidad de la empresa.
La experiencia de los paíss sudamericanos de construir carreteras en amplias zonas naturales no es suficiente para motivar a las instituciones panameñas. La intención de construir una carretera por Darién "es un asunto colombiano" expresó Castro que incluso lo consideró como un acto de soberanía.
No sólo de Colombia vienen los comentarios afirmativos a favor de construir la carretera que una a Panamá y Colombia.
Pese a la cautela que generan los daños ecológicos, el vicario de Darién, Vicente Sidera considera que un proyecto de esta magnitud sería esperanzador para los darienitas y el país.
"No veo el porqué personas de otras regiones que ya tienen sus conexiones internas y con buenas vías de comunicación se oponen a este proyecto esperanzador para la región, argumentando la entrada de enfermedades, que aumentará la deforestación y el ingreso de indocumentados, sin embargo, esto es una excusa porque en Panamá hay leyes para regular estas preocupaciones y sólo hay que ejecutarlas" indicó.
Sidera advierte que ya se prevé dar concesiones de extracción maderera por 25 años, lo que sí representa un peligro.
Agrega que el Tapón de Darién ya está "destaponado" por personas que son de otras áreas del país que pretenden sacar ganancia de la maltrecha región.
Sidera desestima que las enfermedades animales puedan entrar por esta área; pues considera que las mismas podrían provenir de los aeropuertos y puertos y no precisamente por la selva darienita.
Enfáticamente manifiesta que ¡este es un argumento muy pobre, para no dejar crecer la región!
