El procurador general, José Antonio Sossa, presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, para evitar que ese órgano del Estado ordene el archivo de las investigaciones por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).
Sossa, quien presentó el recurso durante una sesión judicial de la Comisión Legislativa de Credenciales, sostuvo que la demanda se basa en que esa instancia no tiene facultad para ordenar el archivo de una investigación.
Aseguró que si la Asamblea decide autorizar el levantamiento de la inmunidad para que todos los legisladores sean investigados, las pesquisas no quedarían paralizadas, pero si la intención es archivar el expediente, corresponderá esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esta demanda.
Agregó que el Organo Legislativo está impidiendo al Ministerio Público cumplir con su deber constitucional de investigar y que por ello hasta la fecha las investigaciones se encuentran semiparalizadas.
Por su parte, el legislador del Partido Arnulfista, José Blandón, aseguró que analiza presentar una denuncia por extralimitación de funciones contra Sossa, debido a que éste admitió ayer públicamente que extendió la investigación de las cuentas bancarias de los legisladores más allá del período en donde se supone se produjo el pago para la aprobación del CEMIS.
Sossa aceptó que el remontarse a esos momentos le permitió confirmar que algunos movimientos sospechosos de dinero, sí corresponden a esta investigación.
Blandón sostuvo que Sossa se ha resistido sistemáticamente a presentar las pruebas sumarias que justifiquen el levantamiento de la inmunidad a los 71 legisladores, para iniciar una investigación en su contra.
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