El procurador José Antonio Sossa, cuestionó ayer a la Contraloría por no haber remitido un informe sobre el contrato entre el Estado y el consorcio Hutchison, en torno a la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Sossa inició una investigación, luego que el exministro Víctor Juliao denunciara un presunto peculado debido a que la Hutchison reclamaba cerca de B/.60 millones para devolver tierras en Albrook, que son requeridas para trasladar el aeropuerto de Paitilla y ampliar las operaciones del Ferrocarril.
El jefe del Ministerio Público dijo que ha reiterado en tres ocasiones la petición de ese informe y no ha llegado.
Por devolver cerca de 40 hectáreas en Albrook, la Hutchison podría efectuar rellenos cerca a los muelles del puerto de Balboa y deduciría los costos de esos trabajos de las anualidades que debe pagar al fisco.
En otro aspecto, Sossa anunció que tres auditores del Ministerio Público han completado la revisión de las transacciones del liquidado Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO), fase necesaria para preparar la vista fiscal.
BANAICO fue cerrado hace un año y la Procuraduría abrió un proceso por estafa y otros fraudes contra Manuel Salvador Morales y Bruno Bemporad.
Según las investigaciones iniciales, en BANAICO se efectuaron préstamos "dudosos" por la suma de B/.59 millones.
Muchos de esos desembolsos se efectuaron a sociedades que no tenían ni licencia comercial, en lo que las autoridades consideraron como operaciones ficticias para simular liquidez.
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