El expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AU), Giovanni Ferrari acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía de Drogas para rendir una declaración jurada y aportar información sobre las operaciones y personal de la empresa Farmazona en donde la pasada semana se incautaron 601 kilos de cocaína y se arrestó a nueve personas.
Ferrari dijo que brindó a la fiscalía todos los informes necesarios sobre el funcionamiento de la empresa y de sus empleados, para que las autoridades puedan continuar con las investigaciones y poder esclarecer las circunstancias, cómo llegaron los estupefacientes allí.
El empresario dijo que desconocía el uso de su empresa para el trasiego de drogas y que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía de Drogas, en todo lo requerido para lograr que los responsables sean sancionados.
Paralelamente el procurador General de la Nación, José Antonio Sossa impuso a los fiscales de Droga, un código de silencio sobre este caso y las investigaciones relacionadas con un grupo de oficiales de la Policía y un miembro de la escolta del fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, a quienes se vincula con el narcotraficante Fernando Mendoza, detenido por un cargamento de 1,000 kilos de cocaína.
Ayer, varios medios de comunicación, intentaron conversar con funcionarios del Ministerio Público para solicitar detalles de ambas investigaciones, pero las peticiones no fueron atendidas. El pasado lunes, el director de la Policía Nacional, reveló la vinculación de varios oficiales, entre ellos un miembro de la DIIP asignado a la escolta del fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, a quien se vincula con el decomiso de 1,000 kilos de cocaína decomisados a Fernando Mendoza.
Mendoza fue detenido en 1995 por liderar una red de narcotraficantes ligados con el Cartel de Cali, pero luego de colaborar con la fiscalía durante el proceso, recibió una condena menor y quedó en libertad a los pocos años.
Sin embargo, éste no perdió sus contactos con las organizaciones dedicadas al trasiego de estupefacientes que mueven sus cargas a través de territorio panameño. De acuerdo con informes oficiales a algunos de los implicados se les ofreció B/.60,000 para colaborar con esa red y alertarlos sobre la ejecución de operativos.
