Sossa objeta liberación de narcos y homicidas

El Ministerio Público objetó los nombres de 60 reclusos que serían considerados para ser beneficiados con libertades condicionales, en su mayoría sindicados por delitos relacionados con drogas, homicidios y violación carnal.
En las objeciones realizadas por la Procuraduría y que fueron remitidas al ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, se establece que existen consideraciones "de gravedad" que hacen advertir lo negativo, en ciertos casos, que sería no cumplir con las sentencias judiciales.
El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, ha sostenido agrias polémicas públicas con funcionarios del Ministerio de Gobierno por la concesión de estas libertades condicionales y los permisos laborales, insinuando que los mismos se dan de manera irregular.
Según el informe del Ministerio Público, algunos de los reos objetados no cumplían con los requisitos para recibir este beneficio, entre los que se encuentran haber cumplido los dos tercios de la condena, tener buen índice de readaptación, buena conducta y cumplir con los reglamentos carcelarios.
Otro de los requerimientos para la concesión de este beneficio es la notificación sobre la medida a la persona que fue víctima del delincuente o a sus familiares, ya que éste puede objetar la decisión asumida por las autoridades de Gobierno y Justicia.
Del total de reos objetados, 49 mantienen procesos por delitos relacionados con drogas, ya sea tráfico internacional o posesión agravada de sustancias ilícitas. También figuran detenidos condenados por delitos sexuales perpetrados contra menores de edad.
Dentro del listado hay reos que además de no calificar para la rebaja de pena, en este momento gozan de permisos laborales.
A la vez se menciona a internos condenados por homicidio que no han cumplido las dos terceras partes de sus condenas.
En algunos casos los internos que purgan condenas por homicidio cumplen la totalidad de la pena hasta cuatro y cinco años después.
El año pasado, el procurador José Antonio Sossa criticó la decisión de conceder al detenido Denver Salazar un permiso laboral, debido a que éste mantenía una investigación en Miami por su presunta vinculación a un doble homicidio.
En esa ocasión, Sossa confirmó que Denver Salazar era investigado por el doble homicidio en perjuicio del hondureño Carlos Meaño y el panameño Hernán González, ambos asesinados en un hotel de Miami.
Ayer el Ministerio de Gobierno y Justicia publicó el listado de 244 reclusos que son considerados para el otorgamiento de una medida de libertad condicional en las próximas semanas.