El jefe del Ministerio Público, José Antonio Sossa, solicitó a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, que investige las presuntas violaciones a los derechos humanos que le atribuye el Defensor del Pueblo, Italo Antinori.
Sossa envió una nota a Alma Montenegro de Fletcher en la que expresa que ante el incumplimiento de la respectiva denuncia por parte de Antinori en su contra, le pide investigar los cargos que éste le endilga para despejar toda duda y se restablezca su plena autoridad como Procurador de la Nación.
José Antonio Sossa cuestiona a Antinori por no cumplir con su deber legal de presentar la denuncia y evidencias que dice tener y además cuestiona el manejo de los diarios en torno al Ministerio Público.
"Siendo usted Procuradora de la Administración, la funcionaria responsable facultada para investigar los actos del Procurador de la Nación y por el respeto de esta autoridad pública debe revestir ante la comunidad", le pido requerir al defensor del Pueblo, los elementos de convicción que dice poseer.
Con la investigación, Sossa alega que busca "al menos contener los afanes escandalosos del lamentable periodismo amarillo que todavía contadas personas se empeñan en promover en nuestro país bajo el ropaje impune de la libertad de expresión".
Al Defensor del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia le redujo hace poco sus poderes mediante un fallo que declaró inconstitucional las facultades de éste para investigar la administración de justicia.
En ese fallo, se incluyó una opinión del procurador Sossa en el que cuestionaba la ley que creó la Defensoría del Pueblo, porque la misma adjudicaba a dicha entidad funciones reservadas al Ministerio Público.
La demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley de la Defensoría del Pueblo fue promovida por Héctor Castillo Ríos, un abogado que fue socio del exlegislador democristiano Guillermo Cochez y que según algunas fuentes mantiene buenas relaciones profesionales con el Ministerio Público.