El procurador José Antonio Sossa ordenó la revisión de todas las órdenes de detención preventiva y dispuso sustituirlas por medidas cautelares para los reos que califiquen de acuerdo con lo previsto en el artículo 2129 del Código Judicial.
En una nota enviada a los diferentes despachos de instrucción, Sossa pidió a los funcionarios bajo su mando revisar las detenciones preventivas ordenadas en los últimos días y reformarlas por medidas cautelares diferentes antes del 25 de diciembre.
Sossa estableció que estas medidas serán procedentes cuando no exista peligro de destrucción de pruebas, posibilidad de atentado contra la vida o salud y fuga del reo al que se conceda este beneficio.
No obstante, advirtió que se deberá mantener la detención a aquellos reclusos sindicados por delitos graves y que se encuentren debidamente acreditados dentro del expediente.
La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, también ha estimado como improcedente las detenciones preventivas ordenadas por las autoridades durante los fines de semana y días festivos.
Esta disposición no ha sido respetada por las autoridades de policía, corregidores y alcaldes, que en ocasiones ordenan la detención de personas por la comisión de faltas leves y delitos menores.
Varios miembros de organismos de derechos humanos y gremios judiciales han expresado su disgusto por las detenciones ordenadas durante fines de semana y fiestas nacionales sin que exista de por medio un delito de gravedad.
A la vez han expresado que algunos funcionarios de instrucción la primera medida cautelar que imparten es la detención preventiva en lugar de aplicar otras menos drásticas.
