El procurador José Antonio Sossa aseguró ayer que el derecho de difundir y transmitir informaciones puede estar sujeta a restricciones en casos en los que se atente contra la integridad moral de las personas y sostuvo que los periodistas deben mantener una conducta ética en el manejo informativo.
Sossa, quien participó en el seminario Libertad de Prensa y Gobernabilidad Democrática, desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sostuvo que el comportamiento ético de los comunicadores sociales es una herramienta útil para combatir la corrupción.
El jefe del Ministerio Público se mostró reacio a la eliminación del carácter penal de los delitos de calumnia e injuria. Sin embargo, presentó una iniciativa al Consejo Nacional de Periodistas para que sea esa instancia la que maneje los casos de violaciones a la ética por parte de los periodistas.
Alegó que en los últimos años el Ministerio Público ha debido enfrentar una serie de campañas con la intención de proyectarlo frente a la opinión pública como una instancia dedicada a encubrir al crimen.
Por otra parte, señaló que existe un sector del periodismo dedicado permanentemente a la publicación de acusaciones contra el Ministerio Público, pero que otros miembros de los medios de comunicación han desarrollado su labor de manera profesional.
Alegó que según estadísticas manejadas por su despacho se han tramitado unas 400 denuncias por delitos de calumnia e injuria y que de ese total sólo 64 han sido dirigidas contra periodistas. Añadió que de ese total 18 fueron presentadas por políticos y cuatro por funcionarios del Ministerio Público.
Sossa negó las versiones que su despacho persiga a los periodistas y sostuvo que en ocasiones quien resulta perseguido es él, pero que esta es una situación considerada como normal. A manera de ejemplo citó los hechos registrados con el manejo del caso Marc Harris y la recepción de un supuesto cheque producto del lavado de dinero.
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