El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, considera que hay una "parcialización" en el informe sobre Panamá, elaborado por el relator especial para la libertad de expresión, Santiago Cantón, que será sometido a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a efectuarse en Costa Rica, del 3 al 5 de junio próximo.
En una misiva enviada al embajador de Panamá ante la OEA, Juan Manuel Castulovich, Sossa le solicita que haga conocer su opinión sobre el informe del relator a todos los embajadores representantes ante el organismo hemisférico.
Según Sossa, dicho informe sobre Panamá "comienza confundiendo las leyes de desacato que procuran salvaguardar el respeto y efectividad de la autoridad pública del Estado, con las leyes de resguardo a los derechos fundamentales de honor, honra, privacidad, intimidad e imagen resguardados por normas vigentes en todo el hemisferio".
"No es cierto lo afirmado en la página 88 número 126, por el relator especial, cuando afirma la existencia de un incremento registrado en la utilización de las leyes de desacato y otras similares para silenciar a periodistas", afirma Sossa.
Sostuvo que los pocos casos, (unos cuatro en diez años), de aplicación de las llamadas leyes de desacato, han sido en casos de comprobada ofensa a autoridades "con evidente irrespeto que ha retado la estabilidad de la institucionalidad democrática, sin ningún elemento objetivo de sustentación".
Sossa también objetó el numeral 126 del informe del relator sobre las amenazas a la libertad de expresión en Panamá, toda vez que existen setenta procesos judiciales contra periodistas por calumnia e injuria.
"No se está ya refiriendo a leyes de desacato, sino a procesos legales que tienen que ver con la protección del derecho humano fundamental, a la honra, el honor, intimidad o privacidad reconocido y tutelado en casi todos los países del hemisferio", puntualizó Sossa.
Igualmente el procurador afirmó que "no es veraz el contenido de asertos que encontramos en algunos numerales como el 132, 133, 134, 135 y 136 del informe sobre Panamá".
A su juicio, el informe "no cumple" con su compromiso de conjugar el pleno respeto a la libertad de expresión, y pasa "desapercibido con imperdonable negligencia" que la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas veraces.
