Decenas de personas que ocupan desde hace varias semanas el Parque Catedral, trancaron la calle que está frente a los predios de la Presidencia de la República, hecho que motivó la reacción de las unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), dejando como resultado dos personas lesionadas.
Los lesionados son el señor Ezequiel Chávez, de 74 años, y el cabo segundo Manuel Figueroa. Los agentes de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que tiraban piedras y palos.
Quienes reclaman terrenos en el sector del Valle de San Francisco, área a la que denominan "Mocambo Abajo", improvisaron un fogón a pocos metros de la casa presidencial, pero fueron repelidos por agentes del SPI.
Portavoces del grupo que protesta señalaron que seguirán con su lucha hasta lograr que se les haga "justicia".
Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Aníbal Salas, expresó en un comunicado que las instituciones responsables y el gobierno en general han estado conversando "con las familias invasoras en diferentes ocasiones" y se les ha dado la opción de obtener lotes de 450 metros en el Valle de San Francisco.
Explicó que tanto la Caja de Ahorros como la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), han cumplido con el traslado de las familias que están en terrenos de su propiedad.
Salas señaló que ambas instituciones procederán a partir de la fecha a trasladar a las familias que aceptaron voluntariamente la oferta de los 450 metros.
Explicó que las personas que no califican deben abandonar el área que ocupan y trasladarse a las propiedades que tienen en otros lugares.
Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Carlos Raúl Piad, explicó que en el mes de mayo del año 2000 se hizo un censo en el área revelando que había unas 106 familias, sin embargo, cuando se comenzaron los desalojos en el mes de noviembre, el número de familias había aumentado a 166, por lo que quienes llegaron después del censo no califican para recibir los lotes.
En tanto Augusto Zambrano, subadministrador de la ARI, fue enfático al señalar que "no se permitirá que los terrenos que son propiedad privada o del gobierno sean invadidos por personas que buscan otros fines lucrativos".
Los dirigentes exigían que el gobierno les otorgara 1,500 hectáreas en las áreas revertidas, situación que no se aceptó porque era como entregar una extensión similar a San Miguelito para ser explotada por unas 300 familias.
Alejandro Garuz, director del SPI, dijo que los residentes de Mocambo podrán mantenerse en el Parque Catedral, siempre y cuando no afecten a terceros.
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