El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Carlos Penna, informaron que ambas organizaciones están dispuestas a designar una comisión de técnicos para hacer un avalúo de las supuestas fallas estructurales existentes en el Figali Convention Center.
Las supuestas fallas e irregularidades en la construcción de la obra, son el origen aparente de una disputa que mantienen el representante legal del Grupo F, Jean Figali, y más de 30 contratistas y proveedores, encabezados por el ingeniero René Orillac, quienes reclaman pagos por 2.5 millones de balboas.
Producto de estos reclamos y la negativa de Figali en hacer los pagos, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), con el respaldo de los contratistas y proveedores afectados, solicitaron a Figali que aceptase que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura designe a expertos en obras de construcción, para que identifiquen y le pongan precios a los defectos que señala Figali.
De acuerdo con Carlos Penna, tanto la SPIA, la Junta Técnica de Arquitectura, la Universidad Tecnológica y otro ente independiente que tenga que ver con la construcción, están dispuestos a dar a las partes una lista de peritos, de tal forma que se pongan de acuerdo y diriman sus diferencias.
Sostuvo que en estos casos cuando hay este tipo de diferencias, lo que hacen ambas partes es un recorrido por la obra y pagar por ejemplo un 80% de lo que está bien, y el otro 20% correspondiente a los daños, quedaría pendiente hasta que se arreglen los problemas existentes en la obra.
Manifestó que una vez esta situación se aclare, la Junta Técnica que es un ente oficial independiente, tendrá que esperar los resultados del peritaje para determinar si hubo mala práctica de la ingeniería y la arquitectura del proyecto.
La Junta Técnica está conformada por el presidente de la SPIA, un miembro escogido por cada uno de los tres colegios de la SPIA, un miembro de la Universidad Tecnológica, un integrante de la Universidad de Panamá y un miembro del Ministerio de Obras Públicas.
Para establecer tal sistema, Figali deberá también consignar en un banco el monto de la deuda que tiene con cada uno de estos contratistas y retener de la suma adeudada, el monto de las supuestas fallas, que determine la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
La propuesta de la CAPAC fue rechazada por Figali, pero para Penna, todavía hay tiempo de solucionar este conflicto, sin llegar a los tribunales.
Otro de los problemas que enfrenta el distrito es que no existe un estudio o plan de desarrollo integral que zonifique las áreas residenciales, comerciales o industriales y que especifique qué terrenos se pueden utilizar.
No obstante, Denis Hernández, jefe de Planificación de Centro Urbano, dijo que la aprobación de estos planos para las zonas residenciales se da de acuerdo a la intensidad de habitantes y del tipo de infraestructura por la cual se evacuarán las aguas servidas y las pluviales.
Aclaró que el MIVI establece las normas y hace las propuestas, pero finalmente es el municipio que tiene que fiscalizar que se haya construido de acuerdo con los planos aprobados.
En tanto, Bríspulo Hernández, del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomendó, tras un reciente estudio, eliminar los árboles en aquéllas construcciones muy cercanas a los ríos, pues éstos impiden, al igual que los desechos sólidos, el recorrido de las aguas.
Denunció la falta de dragado en los ríos que se desbordaron el sábado en Arraiján, lo que fue comprobado en un recorrido por el área de las inundaciones.
Para Hernández, en el área no se presentan solamente los problemas de falta de dragado de los ríos, sino también el irrespeto de las servidumbres, aunado a la construcción de calles de concreto o asfalto.
Otro aspecto que incide en las inundaciones es la construcción de tanques sépticos fuera de las disposiciones sanitarias, situación que es más grave aún, pues las aguas servidas contaminan las fuentes del vital líquido.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares.
Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.
