Subsidios estatales, entre la necesidad y la fiscalización

El sacrificio fiscal del Gobierno, en materia de subsidios e incentivos, podría alcanzar los mil millones de dólares durante este año.

Hasta la fecha y de acuerdo con información que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Presupuesto General del Estado se han destinado 929.9 millones de dólares para subsidios e incentivos.

Sin embargo, ese monto podría aumentar si pone en marcha el nuevo programa de Gobierno denominado “Ángel Guardián”, que consiste en la entrega de 80 dólares mensuales a personas con discapacidad.

Según los cálculos preliminares que brindó el propio ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, el presupuesto que se requiere para la ejecución de esta nueva iniciativa sería de 55 millones de dólares.

Todo dependería del resultado del censo de captación que realizará el MIDES, en conjunto con la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Subsidios directos.
El mayor gasto se asignó al programa de Vejez, Invalidez y Muerte de la Caja de Seguro Social, cuyo desembolso fue 189.4 millones de dólares.

El programa “100 a los 70” se le otorgó un monto de 102 millones de dólares, y para el pago del programa “Red de Oportunidades” 57.9 millones de dólares.

También se estableció un fondo para subsidiar el gas, el diésel, la electricidad, para pagar la beca universal, compra de libros y uniformes escolares, entre otros aspectos.

En cuanto a los incentivos fiscales, el renglón de intereses preferenciales es el que más suma con un total de 70 millones de dólares.

Ante esta situación, desde la Oficina de Relaciones Públicas del MEF se informó que esa dependencia solo gestiona el dinero en respuesta a las solicitudes de cada institución, previa aprobación del Consejo de Gabinete.

Reacciones.
Aunque algunos sectores aplauden la iniciativa de apoyar económicamente a los que viven en la pobreza, advierten que los subsidios se pueden manejar con propósitos electoreros y alejarse de su propósito inicial.

La directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, cree que el Gobierno cayó en el paternalismo con ciertos programas, pero que en el caso de la discapacidad se trata de una deuda pendiente de años y espera sea sostenible para bien de los beneficiarios.

En tanto, el economista Adolfo Quintero también considera que urge una inyección económica estatal para la población más vulnerable del país, pero difiere de la forma en que se ejecutan esos proyectos en el Gobierno.

“No hay una base o estructura sólida sobre las políticas públicas que le permita a los beneficiarios hacer buen uso de los recursos”, afirmó.

Abogó porque se redireccione el timón del barco, de lo contrario, el problema persistirá como un círculo vicioso de nunca acabar.

El último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre niveles de vida, destaca que un 34% de la población panameña vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y que merece la atención inmediata del Gobierno.

Apoyo sociales necesario

Ramón Alemán, director de la Secretaría Nacional de Discapacidad, rechazó los señalamientos de que se está promoviendo un Gobierno paternalista para sacar provecho político. Defiende los programas sociales como una alternativa a corto plazo para la reducción de la pobreza, que van acompañados de planes educativos autosostenibles.

LOS SUBSIDIOS ESTATALES

1- RED DE OPORTUNIDADES $57.9 millones

2- PROGRAMA 100 PARA 70 $102 millones

3- SUBSIDIO ELECTRICIDAD $65 millones

4- GAS LICUADO $90 millones

5- ENTREGA UNIFORMES, LIBROS Y UTILES ESCOLARES $10.1 millones

6- BECA UNIVERSAL $50 millones

7- FONDO PARA LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN $48.7 millones

8- PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR $22.8 millones

9- PROGRAMA INVELIDEZ, VEJEZ Y MUERTE $189.4 millones

10- PROGRAMA DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD $25 millones

11- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CSS $63 millones