Contrario a la realización de un desarme, como lo recomendó el magistrado del Tribunal de Cuentas Alberto Cigarruista, el especialista en temas de seguridad Severino Mejía manifestó que lo que se debe permitir es que el "ciudadano decente" que porte armas sea sometido a un proceso de supervisión que le certifique que está en la capacidad de usar fuerza letal.
Agregó que una forma de controlar a quienes portan arma de forma legal es que la persona cada seis meses se verifique que tiene el arma en su poder y no ha tenido ninguna incidencia durante este periodo.
Mejía dijo que es necesario levantar la veda que existe actualmente en el país, toda vez que la misma podría promover la venta de armamento a través del mercado negro.
Contrario a la realización de un desarme civil, el especialista manifestó que a quienes se debe desarmar es a los delincuentes, ya que el derecho de portar y tener un arma de fuego es inalienable, salvo que se haga una ley de la República en esa dirección.
