La otrora Dirección de Responsabilidad Patrimonial había detectado la supuesta existencia de una lesión patrimonial de más de B/3 millones en la compra del terreno donde se construyó el Hospital José Domingo de Obaldía, en Chiriquí.
El informe también confirmó la existencia de otra presunta lesión patrimonial por B/14 mil, utilizados para la compra de tres vehículos propiedad de la Fundación.
En noviembre de 2005, la Contraloría indicó que los bienes administrados por la fundación eran “públicos y sujetos a la fiscalización de ella”.
Cuatro años antes, la ex presidenta Moscoso emitió el Decreto 135 de 2001, que señala que “para todos los efectos legales, se considerarán públicos los recursos monetarios que, a título de donación, reciban las fundaciones de interés público que constituya el Estado”.
La Fundación también manejó depósitos que se hicieron en cuentas de bancos privados, por más de B/10 millones.
En su momento, el ex ministro de Salud, Fernando De Gracia, dijo que los B/45 millones donados se repartieron así: B/35 millones para la construcción y equipamiento del Hospital José Domingo de Obaldía, en Chiriquí; B/6.5 millones en la compra de equipo de radioterapia para el Hospital Oncológico Nacional y B/3.5 millones para equipar la maternidad del Hospital Santo Tomás.
