Dentro de la apelación que presentó la defensa de Dalvis Xiomara Sánchez, quien fue condenada por el caso de los “durodólares”, se sustentó que existieron supuestas irregularidades en el proceso.
Según el abogado Rogelio Cruz, una de estas anomalías fue que la denuncia que presentó la entonces Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, se hizo sin una prueba que determinará la posibilidad de la existencia de un delito, sino que se basó en una simple sospecha.
Según la sustentación de la apelación, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial no analizó si las pruebas presentadas eran suficientes para realizar una auditoría.
Entre las pruebas que se presentaron fueron los talonarios del salario, los gastos de representación y jubilación de los Estados Unidos, el dinero que fue recuperado del hurto que se registró en su residencia y la declaración jurada de Sánchez.
Pero, Cruz explicó que en el documento no se probó que el dinero y las prendas hurtadas a Sánchez superaban sus posibilidades económicas.
Otro de los puntos que Cruz analiza en la apelación es que el juez tercero penal, Adolfo Mejía, no era competente para conocer el caso porque al momento del supuesto ilícito regía el Código Penal de 1982, donde establece que por enriquecimiento ilícito la sanción es máximo por 18 meses y debía ser atendido en la esfera municipal.
Cruz sustentó la apelación contra la condena de seis años de prisión que fue impuesta a Sánchez, por el delito de enriquecimiento ilícito.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolverá la apelación de Cruz.
Genésis delPUBLICITADO CASO
- El caso de “los durodólares” surgió tras una denuncia que presentó Sánchez por hurto contra sus exempleados por supuestamente sustraerle 35 mil dólares del congelador.
- Esta situación puso en duda la procedencia de altas sumas de dinero que Sánchez “guardaba” en distintos lugares de su casa.
