Con el Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNTDP) se tipifican como delitos de trata de personas, además de la modalidad de explotación sexual, las de abuso laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos y adopción irregular.
Las penas podrían alcanzar hasta los 30 años si el delito es agravado, es decir, si la víctima es una persona menor de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad o discapacidad, o cuando el hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, amenaza, fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de identificación personal.
Igualmente, sucederá en los casos en los que los hechos sean cometidos por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima.
Y, finalmente, en los casos en los que el ilícito sea cometido por un funcionario.
Para redactar el proyecto de ley se formó, mediante decreto ejecutivo, una comisión técnica interinstitucional, la cual sostuvo reuniones por tres meses hasta lograr el documento.
Con la entrada en vigencia de la Ley 79 de 2012, la Comisión Nacional contra la Trata de Personas creó una comisión técnica para la redacción del plan nacional; al igual que la anterior, esta comisión técnica estuvo integrada por funcionarios de diferentes instituciones entre ellas la Políca Nacional.
