La Fiscalía Primera Superior ha reforzado la teoría de un atentado relacionado con el tráfico de drogas en el caso del avión HP-1202 de la línea aérea ALAS, ocurrido en julio de 1994, en donde fallecieron 21 personas. En este caso, la fiscalía solicitó la toma de declaración al tesorero del Cartel de Cali, Gustavo Jesús Upegui, detenido en Italia, y se gestiona el pago de una recompensa de B/.5 millones para quien proporcione información sobre los responsables del atentado.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el atentado perpetrado contra la HP-1202 de ALAS es igual al cometido contra un avión de la línea aérea Avianca en la década de 1980 y que fue cometido por los cárteles de la droga colombianos. Según las pesquisas, en el atentado contra la aeronave de Avianca se utilizó el explosivo conocido como Semtex, el mismo material utilizado en el avión de ALAS.
En la investigación también se demostró que en ambos casos se utilizó a una persona con debilidad mental, quien fue adiestrada para ejecutar el atentado. Se determinó que en ambas ocasiones se le asignó a la persona un maletín en donde iban los explosivos, que fueron accionados en pleno vuelo.
Para el Ministerio Público la similitud en ambos casos resultan notorias. En el caso de ALAS se logró establecer que los explosivos viajaban en un radio tipo Motorola P-500 y testigos aseguran que Lya Jamal llevaba el maletín en donde se presume viajaba el artefacto. En el caso de Avianca el principal comprometido con la explosión aseguró que había recibido la orden de explotar el avión por parte de uno de los jefes de los carteles de la droga por un ajuste de cuentas.
Se informó que la Fiscalía Primera Superior solicitó asistencias judiciales a Venezuela y Estados Unidos que aún están pendientes de contestación. También se encuentra en estudio el pago de una recompensa de B/.5 millones para aquella persona que pueda dar informes sobre los posibles responsables de estos actos. Hasta ahora la investigación realizada en Panamá contiene 10 tomos y unas 5,000 páginas de una gran cantidad de diligencias y actuaciones ejecutadas durante la instrucción sumarial.
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