El cierre que planificaron los transportistas de carga pesada en la frontera entre Costa Rica y Panamá fue suspendido ayer, luego de que el Ministerio de Gobierno y Justicia ordenara derogar el acuerdo que estipulaba que el Municipio de Barú cobraría un impuesto fiscal a todos los vehículos internacionales que entraran o salieran con carga del distrito.
Las autoridades y dirigentes del transporte de ambos países se reunirán el próximo martes en Costa Rica, para abordar este tema. El Consejo Municipal de Barú había adoptado la medida para hacerle frente al problema económico que enfrentan las arcas municipales, a raíz de la venta de los activos a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR).
Sin embargo, los transportistas ticos y los centroamericanos estaban preparándose para aplicar severas medidas de presión al país para que se derogara el acuerdo No. 25 del 4 de junio de 2003, donde se procedía a partir de ayer, a cobrar a los vehículos internacionales que entraran o saliera del distrito la suma de B/.25.00 por los camiones, B/. 10.00 por los vehículos pick up y B/.50.00 por los vehículos tipo mula.
Rafael Lezcano Matarrita, de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Costa Rica, indicó que si el Municipio de Barú ponía en vigencia el cobro, en conjunto con la Cámara de Transporte Centroamericano procederían a efectuar las presiones necesarias para eliminar el impuesto.
Dijo que la Unión Centroamericana de Transporte se sumaría a las protestas que incluían el cierre de la frontera. Admitieron que los principales perjudicados iban a ser los transportistas panameños, ya que se le impediría el paso a Costa Rica.
No obstante, Faustino Espinosa, presidente del Consejo Municipal de Barú, admitió que el alcalde presentó el acuerdo y fue aprobado, como una forma de adquirir ingresos para salvar la economía de las arcas municipales que están a punto de venirse abajo.
Espinosa responsabiliza al gobierno nacional de los problemas, porque en la venta de los activos bananeros no se tomó en cuenta el municipio a pesar de que Chiquita le pagaba B/. 312,000 por año a este organismo.
"El gobierno no nos tomó en cuenta, y somos los principales afectados; nos sentimos entre la espada y la pared. Para que el municipio no cayera, aprobamos el acuerdo", sostuvo. Pero oficialmente el impuesto sólo será eliminado cuando el Consejo Municipal lo derogue. Se prevé que mañana celebrará una asamblea extraordinaria.
No obstante, los transportistas afirman que se mantienen alerta hasta que se elimine lo aprobado.
