La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Primer Tribunal de Justicia que no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación de Hogares CREA de Panamá, para ser elegible para recibir fondos provenientes del decomiso de bienes relacionados con drogas que se encuentren cautelados de manera provisional.
Bajo la ponencia del magistrado César Pereira Burgos, la Corte decidió suspender el levantamiento de medidas cautelares a una serie de bienes que deben ser puestos a disposición de la Asociación de Hogares CREA de Panamá.
Inicialmente, el Primer Tribunal de Justicia había dispuesto no admitir el amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación de Hogares CREA de Panamá y había ordenado levantar las medidas cautelares a una serie de bienes dentro de un proceso judicial en donde se había dado un sobreseimiento provisional.
De acuerdo con la decisión de la máxima corporación de justicia, el sobreseimiento provisional se produce cuando los medios de justificación acumulados en el proceso no sean suficientes para comprobar el hecho punible y que cuando comprobado el hecho punible no exista imputado debidamente vinculado.
También señala que quien recibiera un sobreseimiento provisional se encuentra en una situación atípica, porque se beneficia de la paralización del procedimiento, pero no es absuelto de los cargos y en cualquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas del cargo puede reabrirse la investigación.
La legislación vigente en materia de delitos relacionados con droga establece que los bienes y dinero incautados en procesos relacionados con el tráfico de drogas establece que una vez terminado el proceso, éstos serán puestos a disposición de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Consumo de Drogas (CONAPRED) y éstos se distribuirán a organizaciones dedicadas a la rehabilitación de personas dependientes de drogas.
Según Montilla, ellos han brindado ese servicio por más de 15 años a los usuarios de Panamá Oeste, por lo que esperan que un nuevo anteproyecto que fue presentado a la Asamblea para su análisis, les permita a los "taxis auxiliares" brindarlo de manera legal.
Mientras tanto, la representante legal de los usuarios de Arraiján y La Chorrera, Esperanza Mena, exigió a las autoridades de Tránsito cesar la campaña de acoso y multas contra los conductores de taxis que transportan pasajeros a Panamá Oeste.
Mena también urgió por la creación de una nueva piquera en el área de Calidonia, de forma que los usuarios tengan una alternativa a la terminal de Albrook y no estén obligados a viajar hasta allí.
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