Para el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, el Estado tiene un deber moral frente a los familiares de las víctimas de la dictadura y debe darles una respuesta.
Mientras Alberto Almanza de la Comisión de la Verdad, sostuvo que hay contradicciones entre las declaraciones del canciller Samuel Lewis Navarro y lo que dice el informe del Estado enviado a CIIDH, pues en el documento, el gobierno panameño sí pide el archivo del expediente contrario, a lo que afirma el funcionario.
Explicó que existen unos 12 restos de humanos enterrados en la Isla de Coiba y que aún no se les ha practicado ninguna prueba para identificarlos.
Ayer la Comisión de la Verdad y la Defensoría se reunieron con la finalidad de que estos casos de personas, víctimas de la dictadura militar que gobernó Panamá en el periodo de 1969 a 1989, no queden sin resolver.
Mientras que Tejada manfiestó que este capítulo de la historia panameña debe ser cerrado con el final de las investigaciones de los casos comprobados como desapariciones y asesinatos por razones políticas.
"El Estado debe admitir su responsabilidad objetiva sobre estos casos y debe procurar facilitar las tareas que realiza la oficina de seguimiento de la Comisión de la Verdad", expresó el defensor.
Agregó que además debe judicializar la información recogida y darle celeridad a los procesos en curso sin entrar en conflicto con el debido proceso.
La Comisión de la Verdad afirman haber presentado ante el Ministerio Público unos 20 casos de personas muertas y desaparecidas en el régimen militar y que funcionarios judiciales solicitaron el cierre de los expedientes aduciendo prescripción de la acción penal.
Hasta el año pasado, la comisión entregó unos 110 expedientes para su investigación ante el Ministerio Público.
