El Tribunal Electoral (TE) buscará concretar un acuerdo amistoso con los directivos de la empresa Unisys Word Trade Inc., a más tardar la próxima semana, de lo contrario irán a los tribunales, para interponer una demanda por daños y perjuicios, advirtió ayer el magistrado presidente, Eduardo Valdés Escoffery.
Cabe destacar que a la empresa Unisys se le suspendió el contrato que mantenían con el TE para la fabricación de los plásticos bases para las cédulas de identidad personal, luego que fueran hurtados de sus depósitos unos 500 de ellos.
"La semana del 9 de abril debemos tener una reunión con ellos para ver si encontramos un mecanismo de solución amistosa y si no, vamos a ir a los tribunales", advirtió Valdés Escoffery.
Tras el robo de los 500 plásticos, las autoridades del TE consideraron que se había creado una mala imagen contra la entidad, que ponía en peligro la credibilidad de la institución, por lo que decidieron rescindir el contrato con esta empresa y otorgar a la compañía 3M la concesión para la fabricación de nuevas tarjetas base para las cédulas. Valdés Escoffery en su momento indicó que todo este proceso de recedulación ha tenido un costo adicional, que ha significado pérdidas económicas para el TE.
Destacó que ya han estado conversando con representantes de la empresa Unisys, para ver si hay alguna posibilidad de llegar a una compensación económica satisfactoria para el Estado panameño, que no involucre exigirla ante los tribunales de justicia. Las declaraciones de Valdés Escoffery se dieron ayer tras el inicio del proceso de entrega de cédulas en el circuito 8-7 de la ciudad capital, que incluye los corregimientos de Calidonia, San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana y Curundú.
Señaló que en este circuito faltan 27 mil cédulas por entregar, mientras que en otras provincias cerca del 80% tienen el documento, a excepción de Veraguas y las comarcas indígenas, donde están pendientes.
Según informes proporcionados por el TE, hasta elevadas horas de la tarde de ayer se habían entregado 8,345 mil cédulas en ese circuito, similar a la cantidad que en días pasados se hizo efectiva en la provincia de Los Santos.
Decreto Ejecutivo No. 26 de 6 de agosto de 1999 de los subsidios que otorga el Estado a las organizaciones sin fines de lucro. Diversos ministerios subsidian a decenas de agrupaciones por su inversión social.
Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Disposición de la Junta Directiva. Pago simbólico del alquiler de instalaciones con base al porcentaje de inversión social que realizan. (Según información de la Dirección de Relaciones Públicas de la ARI existen más de 300 ONG con instalaciones en las áreas revertidas. Algunas de ellas pagan B/ 1.00 anual)
Según Marco Gandásegui, directivo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), luego de la invasión estadounidense de 1989, Panamá vivió una política de "achicar el Estado", de descentralizar el Gobierno y procurar que los sectores no gubernamentales participaran más en las soluciones de problemas nacionales. Se reemplazaron así las funciones que antes hacían los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, de Desarrollo Agropecuario. Muchos países, especialmente Estados Unidos, concedieron préstamos a Panamá y una de sus cláusulas era que los proyectos fueran ejecutados por ONG. Explicó que su organización existe desde 1977; fue creada por un grupo de catedráticos universitarios motivados por la investigación (que no realizaban las universidades).
Aclaró que muchas personas confunden el CELA con una instancia no gubernamental, pero en el sentido genérico reconoció que el CELA es una ONG. La forma de financiamiento del CELA es a través de investigaciones realizadas por sus asociados y los gastos son detallados en la Memoria Anual a la cual el público tienen acceso.
Desde el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares se eliminó, por razones ideológicas, la palabra planificación. También se eliminó el nombre al propio Ministerio de Planificación, hoy día Ministerio de Economía y Finanzas. En la práctica esto significa improvisación. Cada ONG es una improvisación y los resultados se recogen en función de una obra: ¿Cuántos almuerzos repartí? ¿Cuántos zapatos distribuí? Pero no se puede hablar de un objetivo que es común a todos los panameños y que es el desarrollo integral del país.
Héctor Endara, Coordinador Nacional de Pastoral Social Cáritas, indicó que la entidad funciona en Panamá desde 1961. Aclaró que Cáritas es una agrupación de iglesia y no precisamente no gubernamental. Destacó la labor social de la Iglesia y esto explica su presencia en la lista de ONG del Ministerio de Economía y Finanzas. Reciben una partida (muy pequeña) del Gobierno para Asistencia Social. Endara cuestionó el término de No Gubernamental, por su carácter negativo, a pesar de que la labor que persiguen es positiva.
Las fuentes de financiamiento provienen del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y se dirigen a proyectos de producción. También se reciben porcentajes (del 5 al 15%) de las campañas nacionales de Cuaresma que se realizan en las diócesis. Además se reciben colaboraciones de Cáritas extranjeras que tienen mayor capacidad financiera. Aclaró que las donaciones se reciben y aplican sin ningún condicionamiento en lo que respecta a orientación del trabajo. Destacó que recibieron invitaciones para que Cáritas ejecutara inversión proveniente de las Partidas Circuitales a través de becas a los estudiantes. La propuesta fue rechazada por considerar que son una organización de iglesia que se mueve por una visión de fe, pero que es igualmente responsable con la realidad social y política del país donde trabaja. Las partidas circuitales son ilegales.
Agregó Endara que la proliferación de las ONG debe investigarse; identificar de dónde provienen sus fondos y qué cuentas rinden a la sociedad. Muchos sectores sociales que acumulan riqueza tratan de justificarla a través de las donaciones que hacen a las ONG, toda vez que están exentas de impuestos.
Los directivos de algunas ONG tienen una vinculación muy estrecha con los directivos de empresas donantes. Esto es una forma de corrupción, advirtió Endara. Recordó que en alguna época Cáritas se vio semi paralizada en sus labores debido a que algunos donantes querían decidir de antemano el enfoque y metodología de trabajo. Cáritas se ha negado a dichas propuestas, indicó. Agregó que en la actualidad existe una serie de ONG que reciben fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), que vienen con propósitos bien definidos. En lo que respecta a la Cuenca del Canal de Panamá existe financiamiento sospechoso para la titulación de tierras que se presume podrían ser inundadas. Por ésta y otras razones Cáritas, critica acremente a la Administración del Canal y se opone al proyecto del tercer juego de esclusas porque supondría la inundación de tierras de la cuenca donde residen numerosas familias campesinas.
Indicó Endara que existen ONG que han hecho consultorías para acompañar los procesos eclesiales de reflexión y análisis de la realidad social de dicha población. Estos consultores y consultoras no son bien vistos por la población y no pueden llegar a estas áreas porque son rechazados.
Roxana Méndez, Directora Ejecutiva de la organización, manifestó que el impacto logrado se debe al trabajo de sensibilización de la opinión pública sobre la realidad que vive la niñez en pobreza y trabajo infantil. Destacó el papel de los medios de comunicación que ha permitido a la ciudadanía conocer su labor. Explicó que la oferta de servicios que se llevan a la niñez y adolescencia han logrado resultados positivos: disminución del trabajo infantil en las zonas urbanas y rurales. "Tenemos un sistema de monitoreo", destacó. Esto permite divulgar los logros, los que se convierten en verdaderas garantías para las empresas que desean invertir socialmente en la niñez a través de Casa Esperanza. En la práctica han surgido alianzas con las empresas y poder desarrollar proyectos conjuntos. En efecto, la cobertura de atención institucional ha aumentado y en 1992 Casa Esperanza reportó 100 beneficiarios y para el año 2001 la cobertura fue de 3,224 beneficiarios/as entre niñez y adolescencia, adultos, padres, y madres. En la actualidad tiene siete Centros de Atención Integral que brindan servicios de educación, nutrición, salud, educación en derechos humanos, desarrollo personal y social, deporte, cultura, recreación; y se destacan los programas a la niñez indígena.
Las fuentes de financiamiento de Casa Esperanza está constituida por 2,242 socios y 31 empresas. El 5% proviene de organismos internacionales, 3% del sector gubernamental y un 40% del sector empresarial.
Al ser interrogada sobre la rendición de cuentas, Méndez indicó que anualmente elaboran un reporte general de las principales fuentes de financiamiento y adicionalmente tienen auditorías externas anuales, que están disponibles a quienes les soliciten los balances auditados de los fondos de Casa Esperanza. De igual forma indicó que anualmente reportan al Ministerio de Economía y Finanzas los donantes y sus respectivos montos.
